El gobernador electo Alberto Weretilneck impulsó modificaciones en las normativas relacionadas a las tierras fiscales. Afectarían unas cinco millones de hectáreas.
El Senador nacional -y futuro gobernador rionegrino- busca modificar las normas sobre las tierras fiscales y presentó cuatro reformas. En tal sentido, la Legislatura de la provincia comenzó la modificación de la Ley de Tierras y el Código Minero. Pueblos originarios y organizaciones sociales denunciaron que vulnera derechos adquiridos en favor de empresas petroleras, mineras e inmobiliarias.
A mediados de noviembre fue presentada la iniciativa y aprobada cuatro días después. Sin embargo, tuvo un fuerte rechazo por parte de las comunidades indígenas y organizaciones sociales. Apuntaron que, de concretarse, muchos derechos se verían vulnerados en pos de favorecer a empresas del rubro.
Asimismo, las reformas también contemplan modificaciones en los códigos de la actividad minera, incluyendo la recaudación de regalías. De ser aprobadas, estas reformas centralizarían el cobro de regalías en el ejecutivo, quitando participación a los municipios. En otras palabras, las regalías aumentarían del 2% al 3%, pero se distribuirían entre los municipios afectados por el área en explotación, en contraste con el sistema actual que beneficia a los 39 municipios provinciales.
El reclamo
La comunidad Mapuche participó activamente en las protestas contra estas reformas. Exigen que se incluya un artículo de exclusión normativa para evitar legislación sobre cuestiones relacionadas con las comunidades originarias. Además, reclaman el mecanismo de consulta previa e informada, conforme a las normativas nacionales e internacionales vigentes.
El Parlamento del Pueblo Mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche denunciaron el intento de reforma sin consulta previa, libre e informada. Argumentaron la violación de los derechos constitucionales de las comunidades haciendo referencia a la falta de cumplimiento de la ley 26.160. Desde el Parlamento del Pueblo Mapuche, señalaron que esta situación representa un “racismo estructural” y critican la falta de transparencia en los actos legislativos.
