El Gobierno impulsa una reforma judicial que arranca con un paquete de jueces y fiscales de la llamada “familia judicial” y con nombres acordados con varios gobernadores, en una jugada clave para el esquema de poder de Javier Milei.
Los pliegos de jueces y fiscales ya fueron aprobados por el Senado y ahora esperan la firma final del presidente Javier Milei. En esa lista conviven candidatos vinculados a magistrados en funciones, ex secretarios de juzgados federales y postulantes impulsados directamente desde las gobernaciones.
El ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el actual funcionario de la misma área, Juan Bautista Mahiques coordinan el proceso, que el oficialismo presenta como un paso hacia la “refundación” del sistema. Sin embargo, en tribunales y en la política crece el debate sobre cuánto se renueva realmente la estructura de poder judicial.
Buena parte de los nombres surgen de la familia judicial: hijos, parejas o parientes de jueces y fiscales con larga trayectoria. A eso se suma la influencia de los gobernadores, que negociaron espacios para perfiles afines en juzgados clave de sus provincias, en especial en la Justicia Federal del interior.
Reforma judicial entre continuidad y pactos políticos
Cerca de Milei sostienen que la prioridad es cubrir vacantes y asegurar funcionamiento, aun si eso implica acuerdos con sectores tradicionales. Críticos del proceso marcan que la reforma judicial mantiene lógicas de reparto político y corporativo, con escaso ingreso de figuras realmente externas al sistema.
Con los pliegos ya votados y a la espera del decreto presidencial, se abre una nueva etapa de tensión entre la Casa Rosada, el Senado y el mundo judicial, donde cada nombramiento redefine equilibrios de poder a nivel nacional y en cada provincia.
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