La Justicia rechaza el pedido de Alberto Fernández para trasladar la causa a San Isidro

El fiscal Ramiro González desestimó el reclamo del expresidente Alberto Fernández para trasladar la causa a San Isidro, señalando que no se puede determinar un único lugar para los hechos denunciados.

Foto: NA / Juan Vargas

El fiscal Ramiro González, quien lidera la investigación en el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, rechazó el pedido del expresidente por trasladar la causa en su contra por presunta violencia de género a los tribunales de San Isidro. La causa continuará bajo la jurisdicción de los tribunales federales de Comodoro Py.

González fundamentó su resolución en la complejidad de los hechos denunciados, indicando que no es posible, por el momento, asignar un lugar geográfico específico para el desarrollo de la investigación. “El contexto de violencia denunciado se basa en una relación de poder desigual y asimétrica que se extendió en el tiempo, lo que exige prudencia a la hora de determinar la jurisdicción”, señaló el fiscal.

El pedido de Fernández se basaba en que los episodios habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, por lo que su defensa consideraba que correspondía que la causa pasara a la justicia de San Isidro. Sin embargo, González desestimó esta solicitud, calificándola de “prematura”, y subrayó que es necesario esclarecer primero los hechos antes de tomar decisiones definitivas sobre la competencia territorial.

El fiscal destacó que cualquier cambio de jurisdicción en este momento podría entorpecer la investigación y aumentar el riesgo de revictimización, algo que la ley busca evitar.

Difusión de videos íntimos

En paralelo a esta situación, Fernández presentó una medida cautelar para evitar la circulación de imágenes y videos de índole privada. Solicita a plataformas como Google, Facebook, X y Yahoo que se impida la difusión de contenido que afecte su privacidad y la de su familia. A través de una acción preventiva de daños, también pidió la eliminación de publicaciones ya difundidas en redes y la adopción de medidas que frenen la propagación de material no autorizado.

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