La Justicia suspendió el cierre de centros de estudiantes en cárceles federales, decisión que había tomado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La Justicia dejó sin efecto el cierre de centros de estudiantes en cárceles federales. Admitió parcialmente un habeas corpus contra la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, a través del cual se prohibía su funcionamiento. El fallo ordenó que todas las personas que cursan estudios en los Centros Universitarios de Devoto y de Ezeiza deberán ser autorizados a permanecer en el lugar el tiempo que requieran.
Dictada por el juez Mariano Iturralde, la medida fue interpuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que pidió la suspensión de la resolución, así como de cualquier otra determinación que implique su puesta en práctica. Esto incluye la modificación de las tareas laborales de estudiantes asignados al mantenimiento de espacios universitarios.
“Nuestra experiencia indica que, dentro de las instituciones penitenciarias, los centros educativos son los ámbitos más propicios y adecuados para que esas actividades autónomas y complementarias al dictado de clases sean llevadas adelante por los estudiantes“, menciona el fallo. Y agrega: “La práctica de la educación superior y su desarrollo exitoso excede, obviamente, el momento del dictado de clases”.
Iturralde consideró que si no se tomaba una decisión al respecto, “el derecho que se pretende titular” se vería afectado “de manera irreparable”. Además, resaltó que “la prohibición absoluta” de que los estudiantes permanezcan en los centros afectaría el proceso de formación académica.
Quedó sin efecto el cierre de centros de estudiantes en cárceles: la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional
El pasado 25 de marzo, la cartera a cargo de la ministra Patricia Bullrich publicó en el Boletín Oficial la Resolución 372/2025. Mediante ésta se prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Además, establece que los internos no pueden permanecer en los centros educativos fuera del horario correspondiente a las clases asignadas.
Bajo el pretexto de representar a estudiantes, según la resolución, algunos internos permanecían en los centros educativos durante toda la jornada. Este comportamiento, sostuvieron, afectaba el cumplimiento de las actividades obligatorias de reinserción social.
La funcionaria argumentó que la resolución busca evitar que el sistema educativo en cárceles sea utilizado para eludir normas del tratamiento penitenciario, pilar clave para la readaptación social.
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