La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el organismo, justo antes del estreno del nuevo índice de inflación.
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC sacudió el tablero político y económico. El economista, que había logrado sostenerse en el cargo durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, dejó su puesto en medio de las tensiones por el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el debate sobre la autonomía del organismo.
En su mensaje de despedida, Lavagna enfatizó la necesidad de que “próximamente se pueda actualizar el marco normativo” del INDEC. Esa frase fue leída como una señal sobre los límites institucionales con los que viene trabajando el instituto y la importancia de blindar la credibilidad de las estadísticas oficiales, una herida abierta desde los años del llamado “INDEC intervenido” durante el kirchnerismo.
Un funcionario que atravesó gestiones opuestas
Lavagna asumió la dirección del INDEC en 2019, durante el gobierno del Frente de Todos, con el objetivo de consolidar la normalización del sistema estadístico luego del descrédito acumulado en la década anterior. Con la llegada de Milei, fue uno de los pocos cuadros técnicos que se mantuvo en su puesto, lo que se interpretó como un gesto de continuidad institucional en un área sensible para los mercados y los organismos internacionales.
Durante su gestión, el organismo avanzó en la mejora de encuestas de hogares, medición de pobreza y canastas básicas, al tiempo que buscó modernizar los sistemas de recolección de datos. Sin embargo, su salida se da cuando el Gobierno impulsa cambios en la forma de medir la inflación y discute el rol del sector público en la producción de estadísticas.
La disputa por el nuevo IPC y la autonomía del INDEC
El punto más delicado en este escenario es el estreno del nuevo IPC, un indicador clave para la actualización de salarios, jubilaciones, alquileres y contratos privados. Cualquier sospecha sobre la calidad o la independencia de ese índice puede impactar directamente en la confianza de la población y de los inversores.
La mención de Lavagna a la actualización del “marco normativo” remite a un reclamo histórico de especialistas: dotar al INDEC de una ley moderna que garantice su autonomía técnica y financiera, similar a la que tienen los bancos centrales o las oficinas estadísticas de otros países. Hoy su estructura depende fuertemente del Poder Ejecutivo, lo que alimenta suspicacias cada vez que el dato de inflación se vuelve incómodo.
En este contexto, la renuncia abre interrogantes sobre el rumbo del organismo en plena estabilización económica. El Gobierno deberá designar una conducción que brinde señales de continuidad metodológica, mientras distintos actores del sistema político vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma legal que resguarde la independencia de las estadísticas oficiales.
Qué se discute de fondo
Más allá de nombres propios, el fondo de la discusión es qué tipo de INDEC quiere la Argentina. Para economistas y analistas, contar con datos confiables es condición básica para definir políticas públicas, negociar deuda y diseñar programas sociales. Sin consenso alrededor de las cifras oficiales, se multiplica el uso de mediciones privadas y se debilita la planificación estatal.
La salida de Lavagna, que supo moverse entre gestiones de signos políticos opuestos, es leída como un nuevo test para la credibilidad institucional del país. En los próximos meses se verá si el recambio de autoridades viene acompañado de una discusión de mayor calado sobre la normativa del INDEC o si el tema queda reducido a una pulseada coyuntural entre el Gobierno y la oposición.
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