En medio de una causa judicial por sobrefacturación y licitaciones direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno volvió a contratar a la droguería Suizo Argentina, vinculada al esquema que ya investiga la Justicia federal.
La droguería Suizo Argentina -ligada a la familia Kovalivker- volvió a presentarse en procesos de compra de medicamentos e insumos para programas de discapacidad, pese a que está bajo la lupa por el presunto armado de licitaciones a medida y el cobro de sobreprecios millonarios al Estado nacional.
La compañía aparece mencionada en la investigación judicial que sacudió a la ANDIS, donde se analizan contratos sospechosos y compras infladas para la provisión de medicamentos, prótesis y otros insumos destinados a personas con discapacidad. Según la causa, las licitaciones habrían sido direccionadas para favorecer a un grupo reducido de proveedores.
El caso tomó mayor dimensión a partir de la difusión de los audios de Martín Spagnuolo, exfuncionario del organismo, en los que se describiría un mecanismo de reparto de negocios y desvío de fondos públicos. Esas grabaciones fueron incorporadas como prueba y motivaron allanamientos y movimientos internos en el organismo.
Pese a ese contexto, fuentes oficiales confirmaron que Suizo Argentina se presentó recientemente en dos nuevos procesos de contratación. Uno de ellos ya fue aprobado y le permitirá volver a proveer al Estado, lo que generó fuerte malestar entre organizaciones de discapacidad y sectores de la oposición.
Sobreprecios, licitaciones amañadas y cuestionamientos políticos
La Justicia investiga un presunto entramado de corrupción en compras públicas, basado en pliegos hechos a medida, competencia simulada y precios muy por encima de los valores de mercado. El esquema habría permitido el desvío de fondos originalmente destinados a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
En el expediente se analizan correos, órdenes de compra, registros de llamados a licitación y testimonios de funcionarios y proveedores. De acuerdo con fuentes judiciales, las pericias contables buscan determinar el perjuicio económico al Estado y el rol específico de cada empresa involucrada.
Organizaciones del sector reclaman que, mientras avanza la causa, se apliquen medidas de transparencia y control más exigentes, como la publicación detallada de cada licitación, la trazabilidad de los precios y la exclusión preventiva de firmas señaladas en investigaciones por corrupción.
Impacto en las personas con discapacidad
El escándalo en la ANDIS no solo tiene un costado judicial y político. También repercute de manera directa en miles de personas con discapacidad que dependen de coberturas estatales para medicamentos, tratamientos y equipamiento. Cualquier demora o irregularidad en las compras impacta en la continuidad de las prestaciones.
Especialistas en políticas públicas advierten que los casos de corrupción en el área de salud y discapacidad erosionan la confianza en los programas oficiales y pueden habilitar recortes o reestructuraciones que terminan afectando a los sectores más vulnerables.
En ese marco, distintos espacios políticos exigen que el Gobierno explique por qué se decidió volver a contratar a Suizo Argentina en medio de una causa abierta y con pruebas consideradas relevantes por la Justicia. También reclaman que se revisen todos los contratos vigentes y se avance en una reforma integral del sistema de compras públicas.
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