Una mujer presentó la primera demanda contra el Estado argentino y la vacuna de AstraZeneca, exigiendo una compensación de más de 90 millones de pesos.
Flavia Ochoa tiene 39 años y vive en Coronel Moldes, Córdoba. Inició el proceso tras alegar que desarrolló el Síndrome de Guillain-Barré poco después de recibir la vacuna de AstraZeneca. Se trata del trastorno inmunológico que ataca los nervios y puede causar parálisis.
La demanda fue presentada en los tribunales federales de Río Cuarto y sigue a un reconocimiento de AstraZeneca ante un tribunal británico sobre posibles efectos secundarios raros de su vacuna. La mujer comenzó su reclamo a través del Ministerio de Salud, pero al no recibir respuesta, optó por llevar su caso a la Justicia federal.
Qué dice la demanda
“El día 04 de enero de 2022 a las 11:30hs., siguiendo fielmente las recomendaciones de ‘expertos’, acudí al centro de vacunación de Coronel Moldes que funcionaba en la casa de la historia y de la cultura, y me inocule la 3ra. dosis de la vacuna contra el Covid 19, marca ASTRAZENECA lote 77946, la inoculación la suministró el lic. en enfermería Pascheta, Franco Mat. 1-3078″, comienza diciendo.
“A posteriori a las 19:30hs. del mismo día comencé con calambres fuertes, se me aflojaban las piernas, luego me tuve que acostar temprano por los fuertes dolores que padecía, al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja. Consultando a mi médico de cabecera, la doctora, me dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado, pues cuando acudí al hospital de mi pueblo (Coronel Moldes) me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna”, relata.
Por su parte, el abogado Pablo Roca, representante de Ochoa, declaró: “Hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud provocado por AstraZeneca”. La demanda especifica diversas indemnizaciones, incluyendo:
- 7,4 millones de pesos por incapacidad
- 25,3 millones por el fondo de reparación de la Ley 27.573
- 9,3 millones por pérdida de oportunidades
- 7,5 millones por daño moral
- 1,5 millones por el daño moral a su pareja
- 49,5 millones por daño punitivo
- 180.000 pesos por daños emergentes
El caso ha sido asignado al juez federal Carlos Ochoa -sin relación con la demandante-, quien solicitó la opinión de la fiscalía sobre la competencia de la causa. Se espera una respuesta que definirá el curso del expediente.
El Estado, también demandado
Además, el documento concluye que el Estado actuó de manera negligente, ignorando las garantías necesarias para la inoculación de medicamentos experimentales y priorizando intereses comerciales sobre la salud y los derechos de los ciudadanos. También cuestiona la validez de la cláusula de indemnidad de la Ley de Vacunas, afirmando que impide el acceso a la justicia, fundamental en el contexto de ensayos clínicos como los de las vacunas COVID-19.
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