La Justicia Federal investiga si en el organismo que regula los aeropuertos del país se montó un esquema de coimas y manejo irregular de fondos públicos, que ahora pone bajo la lupa a su actual presidenta y a su antecesor.
El fiscal federal Ramiro González impulsó la acción penal tras una denuncia presentada por Marcela Pagano. La diputada nacional señaló presuntas coimas y desvío de fondos en el ente que controla los aeropuertos argentinos. El pedido apunta a la actual titular del organismo y a su antecesor, identificado como Leal, para determinar si tuvieron responsabilidad en las maniobras investigadas.
González requirió una serie de medidas de prueba para reconstruir el circuito del dinero público que habría sido administrado de forma irregular. El objetivo es establecer si existió un esquema sistemático, sostenido en el tiempo, que involucrara pagos indebidos y contrataciones direccionadas.
La denuncia de Pagano encendió las alarmas sobre el uso de recursos estatales en el organismo que regula los aeropuertos, clave en la política de infraestructura y concesiones. Ahora, la Justicia busca documentación contable, registros de contrataciones y comunicaciones internas para verificar si las presuntas coimas se apoyaron en una estructura formal del ente.
En esta etapa inicial, la investigación se concentra en reunir información y testimonios que permitan definir si se avanza hacia una imputación formal. La causa pone nuevamente en debate el control sobre los fondos vinculados a la operación y modernización de los aeropuertos del país.
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