Además, en la audiencia solicitaron que los demás investigados en la causa Vicentín no intervengan en los asuntos de la empresa cerealera.
En el marco de la causa en la que se determina el futuro judicial de los ex directivos de la empresa Vicentín, la fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva con prórroga automática para 4 ex jerarcas de la compañía acusados de integrar y liderar una asociación ilícita. Se trata de Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze.
A 12 de los restantes 15 integrantes de la misma se les impuso la prohibición de ejercer cargos e intervenir de manera directa o indirecta en temas que estén relacionados a la cerealera o sus empresas asociadas.
En tanto, a los tres restantes involucrados se les impide el contacto con los demás en una suerte de medida “perimetral”. Loa fiscales también pidieron fianzas que van desde los u$s 10 millones a los u$s 15 millones.
Estas medidas cautelares y sus fundamentos fueron expuestos en la segunda jornada de la audiencia imputativa, que pasó a un cuarto intermedio para este sábado tras el debate entre acusadores y querellantes.
Esta solicitud de restricción se respalda en las pruebas que presentaron los fiscales, que demuestran que, pese a las detenciones, los jerarcas siguieron extrayendo dinero de Vicentín a través de quienes los reemplazaron.
Es por esto que se incrementó el número de miembros involucrados en la asociación ilícita. Además, también están acusados de obstaculizar la investigación penal por estafa con diversas maniobras.
La perimetral busca alejar a los acusados de aquellos que actualmente forman parte de los órganos de gobierno y evitar cualquier tipo de injerencia o intervención formal o informal en la empresa concursada.
Prisión preventiva y fianzas
Además de los cuatro ejecutivos principales detenidos, al resto se les solicitaron fianzas millonarias. Así, Máximo y Cristian Padoan; Martín Colombo Boschi; Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi; Javier Gazze; Miguel Vallaza; Diego Boschi; Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia, deberán responder patrimonialmente.
En tanto, Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, actuales directivos, no podrán tener contacto con los demás imputados. Siempre y cuando se acepte el pedido del Ministerio Público de la Acusación.
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