El Frente Sindical Universitario anunció un paro de 48 horas para el 20 y 21 de agosto y prepara una movilización para septiembre en reclamo de mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
La Conadu ratificó un nuevo paro de 48 horas para los próximos 20 y 21 de agosto, sumándose a las medidas de fuerza acordadas por el Frente Sindical Universitario, ante la falta de respuestas del gobierno a los reclamos salariales. Además, se propuso una nueva Marcha Nacional Universitaria para la semana del 9 al 13 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la crisis en las universidades públicas.
Durante el plenario de secretarios generales de Conadu, que se realizó este jueves, se abordó la compleja situación en las universidades nacionales, haciendo foco en la “lucha contra la intervención y el desfinanciamiento” de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. A su vez, se debatieron los avances y desafíos que dejó la reciente sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en el Congreso, especialmente en temas como salarios, becas y el Fonid.
“Sin salarios dignos, la universidad pública no funciona”, insistieron desde la Coad, uno de los gremios de base que se suma al paro. El gremio advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los docentes es alarmante, con una brecha del 51% entre la inflación acumulada y los aumentos salariales en los últimos seis meses. “Nos ofrecen un 3% y un 2% para los próximos meses, lo que solo profundiza nuestra caída en la pobreza”, expresó Federico Gayoso, secretario general de Coad.
Asamblea
El martes 20 de agosto habrá una asamblea docente para analizar el desarrollo del plan de lucha y definir los pasos a seguir, con la organización de la próxima Marcha Nacional Universitaria como uno de los puntos centrales.
Por otro lado, obtuvo media sanción en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca asegurar recursos para las universidades públicas, aunque los dirigentes advierten que aún queda mucho camino por recorrer. El artículo 5° de la ley establece que el Ejecutivo Nacional debe recomponer los salarios universitarios a niveles de diciembre de 2023, retroactivamente, pero su aprobación definitiva depende del tratamiento en el Senado.
A su vez, los gremios cuestionaron la declaración de la “esencialidad” de la educación en niveles obligatorios, sancionada en la misma sesión, señalando que busca limitar el derecho de huelga y no aborda los problemas de fondo en el sistema educativo.
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