La Asamblea Legislativa de Santa Fe dio luz verde a los nombramientos de Martín Riccardi como defensor regional de Rosario y Carlos Vottero como jefe de fiscales de Rafaela, completando así la nueva configuración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio de la Defensa Penal (SPDP).
Senadores y diputados provinciales aprobaron por unanimidad los dos pliegos presentados recientemente por el gobierno provincial. Martín Riccardi asumirá como defensor regional de Rosario, mientras que Carlos Vottero liderará los fiscales de Rafaela.
El caso de Vottero generó previamente un debate en la comisión bicameral de Acuerdos, ya que su nombramiento fue impugnado por la Asociación Civil Florentina de Rafaela, debido a una acusación de mal desempeño en un caso de violación ocurrido en 2018 en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias. Sin embargo, ambos pliegos fueron aprobados rápidamente, sin votos en contra y con abstenciones de los bloques de diputados Igualdad y del Frente Social y Popular-Ciudad Futura.
Vottero fue designado por el gobernador Omar Perotti luego del rechazo de la Asamblea Legislativa al pliego de Orlando Toniolo. Siendo el segundo en la terna inicial, su postulación fue considerada junto con la impugnación de la asociación civil por parte de los legisladores.
La comisión bicameral recibió objeciones hasta el 8 de mayo, después de lo cual se llevaron a cabo las entrevistas a Vottero y Riccardi. Sin embargo, el debate en las cámaras programado para el 10 de mayo no se llevó a cabo debido al cierre de las precandidaturas. Por lo tanto, senadores y diputados decidieron esperar hasta la segunda convocatoria a Asamblea Legislativa, evitando así la aprobación automática de los nombres el 20 de mayo, según lo dicta la Constitución de Santa Fe.
Por otro lado, la nominación de Riccardi surgió luego de que la Asamblea Legislativa rechazara el pliego de Gonzalo Armas para el cargo de defensor regional de Rosario. La oposición objetó a Armas debido a su defensa en favor del exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain en un caso de presunto espionaje ilegal. Además, en la comisión bicameral también se cuestionó al postulante por ser propietario de 49 inmuebles.
Bajo escrutinio, antes de aprobar los pliegos de Vottero y Riccardi, los legisladores decidieron reabrir un proceso contra la fiscal santafesina Cristina Ferraro, quien ya había sido suspendida por seis meses. Ferraro enfrenta una causa judicial y su imputación fue confirmada por un fallo de Cámara, en relación a su participación en el homicidio del agenciero Hugo Oldani, ocurrido hace más de tres años en la ciudad de Santa Fe.
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