Milei reglamentó el régimen para blanquear empleo informal

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un capítulo central de su reforma laboral al reglamentar el nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que apunta a reducir el trabajo no registrado y dar alivio a empleadores y trabajadores que se sumen al sistema.

Qué establece el Decreto 315/2026

El Decreto 315/2026 habilita formalmente el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, una de las piezas clave de la reforma promovida por el Ejecutivo para modificar las reglas del mercado de trabajo en la Argentina.

La norma busca estimular el registro de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad, ofreciendo beneficios temporales tanto para las empresas como para los empleados que regularicen su situación.

Según el texto oficial, el régimen se propone reducir los costos de incorporación al sistema formal y otorgar certezas jurídicas sobre las cargas laborales y previsionales que deberán afrontar los empleadores.

Incentivos para empleadores y trabajadores

El esquema de incentivos apunta especialmente a sectores donde el trabajo no registrado tiene mayor presencia, como servicios, construcción y actividades vinculadas a la economía urbana y rural.

Para las empresas que adhieran, el decreto contempla una reducción gradual de aportes y contribuciones durante un período determinado, con el objetivo de que la transición hacia la formalidad no se traduzca en un salto abrupto de costos.

En el caso de los trabajadores, la formalización les permite acceder a cobertura social, aportes jubilatorios y derechos laborales plenos, como licencias pagas, indemnizaciones y vacaciones reglamentarias.

El Gobierno sostiene que, al mejorar el nivel de registro, se fortalecerá también la recaudación fiscal y el financiamiento del sistema previsional, hoy tensionado por la alta proporción de empleo precario.

Un capítulo central de la reforma laboral

La puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral se inscribe en la estrategia del oficialismo de avanzar por tramos con su agenda de cambios en el mundo del trabajo, luego de un intenso debate público y político en torno a la reforma.

Con la reglamentación del decreto, el Ejecutivo busca acelerar la implementación de las medidas que considera más urgentes, en un contexto de caída del empleo registrado y persistencia de altos niveles de informalidad en todo el país.

La efectividad del nuevo régimen dependerá de la respuesta del sector privado y de la capacidad del Estado para fiscalizar y acompañar el proceso de incorporación de trabajadores al sistema formal.

En ese marco, la reglamentación del Decreto 315/2026 se perfila como una prueba clave para la política laboral del gobierno de Javier Milei y su objetivo de modificar la estructura del mercado de trabajo argentino.

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