El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva abrió un frente de conflicto con el fútbol brasileño al impulsar una ofensiva para limitar y criminalizar las apuestas online a días de las elecciones municipales.
El Planalto impulsa una medida provisional para suspender la operación de casas de apuestas, conocidas como “bets”, y un proyecto de ley que establece penas de hasta seis años de prisión para sus operadores ilegales.
La iniciativa apunta a frenar el avance desregulado de las apuestas online, que crecieron de manera explosiva en los últimos años y quedaron en el centro de denuncias por manipulación de resultados y falta de controles.
Choque con los clubes y riesgo económico
Los principales clubes de fútbol de Brasil reaccionaron con preocupación. Advierten que una prohibición abrupta de las “bets” podría dejar a varias instituciones al borde de la insolvencia, ya que muchas dependen de esos contratos para financiar sus planteles.
En los últimos campeonatos, buena parte de las camisetas de la Serie A exhibieron patrocinadores vinculados a plataformas de juego. Para dirigentes y especialistas, un corte repentino de ese flujo de dinero impactaría en salarios, pases y hasta en las divisiones juveniles.
El debate también se cuela en la campaña electoral. Sectores aliados a Lula defienden una regulación más dura para combatir el lavado de dinero, mientras que opositores y dirigentes deportivos reclaman reglas claras, pero sin criminalizar una industria que ya forma parte del negocio del fútbol brasileño.
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