Tras intensas negociaciones, el proyecto de Ley de Tierras llega a la Cámara alta con varios puntos claves modificados respecto al dictamen inicial. Las modificaciones establecen nuevos requisitos para expropiaciones y aceleran los juicios por desalojo.
El Senado analizará el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa presentada por Federico Sturzenegger el 27 de marzo. La propuesta busca modificar de manera simultánea la normativa sobre tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Nuevo marco para las tierras rurales
El texto definitivo establece que los compradores extranjeros podrán poseer hasta un 25% del total de tierras rurales por provincia. Este cambio flexibiliza el límite vigente del 15%, pero fija un tope para mantener el control estatal. Asimismo, las provincias conservarán la potestad de autorizar, regular o vetar cualquier transacción en sus jurisdicciones.
Por otra parte, la norma prohíbe explícitamente la venta de campos a Estados extranjeros o empresas con participación estatal directa o indirecta. Esta restricción apunta a frenar el avance de inversiones estratégicas de países como China en el sector agropecuario nacional. Para excepcionar este punto, los compradores requerirán la autorización conjunta de las autoridades provinciales y del Poder Ejecutivo Nacional.
En las zonas de seguridad de frontera, las exigencias requerirán obligatoriamente un aval provincial y nacional para cualquier adquisición extranjera. Además, todas las operaciones inmobiliarias deberán inscribirse en los registros provinciales consignando la nacionalidad del adquirente.
Expropiaciones y desalojos acelerados
En materia de expropiaciones, la ley determina que la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá demostrar una necesidad proporcional. Asimismo, la indemnización deberá pagarse de manera íntegra e incluirá el valor objetivo del bien, los daños directos y el lucro cesante.
Respecto a las ocupaciones ilegales, la propuesta modifica el proceso de desalojo para transformarlo en un trámite sumarísimo con posibilidad de ejecución anticipada. Por este motivo, se reemplazará la caución real por una declaración jurada del propietario y el plazo de intimación para inquilinos será de 10 días.
Normativa ambiental y tensiones en el Congreso
En relación con el manejo del fuego, se mantendrá la veda de 60 años sobre los bosques nativos incendiados para evitar especulaciones inmobiliarias. Sin embargo, en las tierras rurales se eliminará el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso del suelo. Por último, el bloque oficialista tuvo que retirar las reformas vinculadas a los barrios populares para preservar la suspensión de desalojos hasta octubre de 2032.
El debate legislativo desató marcadas diferencias internas entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por el armado de la agenda parlamentaria. Pese a las tensiones políticas, el oficialismo mantendrá las modificaciones acordadas con los sectores aliados durante la próxima sesión.
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