La posible aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada podría modificar de forma sensible los tiempos y las condiciones de los desalojos en todo el país.
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada redefine el procedimiento para recuperar inmuebles ante falta de pago u ocupaciones. La iniciativa incorpora la figura de juicio sumarísimo en casos de alquileres impagos.
El esquema prevé una intimación previa de diez días al inquilino para regularizar la deuda. Vencido ese plazo sin acuerdo, el dueño del inmueble podrá pedir en la Justicia un trámite más rápido para obtener la orden de desalojo, reduciendo etapas intermedias.
Ocupaciones y entrega inmediata del inmueble
Otro punto central es la respuesta frente a ocupaciones de viviendas o terrenos. El texto habilita a reclamar la entrega inmediata del inmueble cuando se acredite la titularidad. La intención es que los jueces actúen con mayor celeridad para restituir la posesión a los propietarios ante usurpaciones o ingresos irregulares.
El proyecto también contempla resguardos para personas en situación de vulnerabilidad, como familias con niñas, niños o personas mayores sin otra alternativa habitacional.
En esos casos, se prevé articular con organismos de asistencia social para que el desalojo contemple instancias de acompañamiento y posibles soluciones temporarias.