La discusión por la llamada ley antitrapitos en Santa Fe sumó un condimento inesperado: una fuerte tensión entre credos que terminó frenando su tratamiento en la Cámara de Diputados provincial.
El tratamiento del proyecto para restringir o prohibir a los cuidacoches -conocidos como trapitos- en la provincia de Santa Fe quedó en pausa tras una intervención directa del Arzobispado de Rosario. La institución católica hizo llegar su preocupación por el impacto social de una normativa más dura sobre personas que, en muchos casos, dependen de esa actividad para subsistir.
La señal de la Iglesia Católica generó incomodidad en el oficialismo santafesino, que impulsa la ley con el argumento de ordenar el espacio público y responder a quejas de vecinos y automovilistas. Legisladores que respaldan el proyecto reconocen que, tras la nota del Arzobispado, el tema quedó sin fecha cierta para volver al recinto.
En el centro de la discusión aparecen los cuidacoches que se ubican en zonas clave de Rosario y otras ciudades, una postal repetida en recitales, partidos de fútbol y áreas comerciales. El oficialismo plantea que, detrás de esa actividad, muchas veces se esconden situaciones de extorsión o cobros intimidatorios.
La respuesta de Walter Ghione y el cruce con la Iglesia
Tras conocerse la intervención del Arzobispado de Rosario, el pastor evangélico y funcionario provincial Walter Ghione salió públicamente a cuestionar la postura de la Iglesia Católica. Desde su lugar en el gobierno santafesino, defendió la necesidad de endurecer la ley y avanzar con el esquema propuesto por el oficialismo.
Ghione planteó que el Estado no puede mirar hacia otro lado ante las denuncias de abusos y amenazas vinculadas a algunos cuidacoches. En su visión, la norma debe fijar límites claros para evitar que la figura del trapito se convierta en una forma encubierta de presión sobre quienes estacionan en la vía pública.
El cruce entre el pastor y el Arzobispado abrió además una discusión política hacia adentro de la Legislatura. Por un lado, sectores que priorizan el orden y la seguridad urbana; por otro, quienes reclaman contemplar la vulnerabilidad social de muchas de las personas que hoy realizan esa tarea informal.
Orden urbano, inclusión y una ley en suspenso
La llamada ley antitrapitos aparece, así, atravesada por una tensión mayor: cómo equilibrar el reclamo ciudadano por mayor control del espacio público con la necesidad de políticas de inclusión para sectores que viven de la economía informal. La intervención de distintos credos dejó en claro que el tema excede lo estrictamente legislativo.
Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes territoriales advierten que cualquier prohibición sin alternativas laborales podría agravar la situación en barrios ya golpeados por la pobreza. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que la norma es una herramienta para frenar prácticas que consideran abusivas.
Con la discusión trabada en Diputados, el futuro del proyecto quedó abierto. El desafío político será encontrar un punto de equilibrio que contemple tanto la tranquilidad de quienes usan el auto en la ciudad como el derecho a una salida digna para quienes hoy dependen de pedir dinero por cuidar vehículos.
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