Un informe del CELS y la Fundación Rosa de Luxemburgo denuncia el desmantelamiento de políticas agroalimentarias y las ganancias de las empresas alimentarias.
En un contexto de crisis alimentaria y caída del consumo, las ganancias de las empresas del sector alimentario crecieron un 1300% en los últimos meses, según un nuevo informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Rosa de Luxemburgo. Bajo el título “Rascar la olla”, el documento denuncia la eliminación de políticas que sostenían el acceso a alimentos y señala el beneficio de las empresas concentradas del sector agroexportador.
Este trabajo forma parte del proyecto “Todo Alimento es Político” y pone en evidencia que, mientras el consumo de alimentos desciende, las empresas alimentarias y exportadoras alcanzan márgenes de rentabilidad inéditos.
El informe
El estudio fue realizado por especialistas del Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), abarcando el período entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Analizó 111 políticas centradas en la producción, el acceso y el apoyo gubernamental, concluyendo que las decisiones del gobierno han contribuido a que “sea cada vez más difícil comer bien”. En este sentido, destacaron que en ese período el precio de un plato de guiso se incrementó un 151%, mientras que una taza de mate cocido subió un 143%. Con un salario mínimo, se pueden comprar 118 platos menos que en el mismo mes del año pasado.
A pesar del aumento de precios al consumidor del 111%, el informe revela que la participación del productor en el precio final cayó drásticamente, del 12% en marzo de 2023 a entre el 5% y el 8% en junio de 2024. Esto coincide con una baja del consumo de alimentos en promedio del 16% en supermercados y del 11% en autoservicios mayoristas, con caídas notables en productos esenciales como bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%) y productos de almacén (6%).
Los que sí ganan
En paralelo, las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300%, mientras que el complejo exportador de granos creció un 4900%. “El aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestra que este refuerzo de ingresos, sin embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica”, argumenta el informe. Entre las decisiones del gobierno, se destacan la eliminación del programa Pro Huerta, con más de 30 años de historia, la autorización de tres eventos transgénicos de soja y maíz, y la prohibición de investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en temas clave como “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género” y “huella de carbono”.
El informe también destaca la eliminación de varios programas orientados a la soberanía alimentaria y el apoyo a pequeños productores. Además de Pro Huerta, se discontinuaron el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), la Dirección Nacional de Agroecología, la Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA, y se derogaron leyes clave para la producción de yerba, vino y olivicultura, afectando a numerosos productores locales.
“Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida. Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios”, concluye el informe.
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