La justicia argentina ordenó la captura de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. También exigió que otros dieciséis imputados sean indagados en el país por acusaciones de violación de derechos humanos.
La justicia argentina ordenó la captura internacional de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. El fin es la extradición por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la resolución alcanza a la vicepresidenta Rosario María Zambarana Murillo y otros dieciséis imputados y el objetivo es que sean indagados en Argentina, por el mismo tema.
A través de un escrito de setenta y seis páginas, el juez Ariel Lijo exige la captura del mandatario y de los demás acusados. Busca que sean indagados por “graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen”.
De acuerdo a las pruebas incluidas en el expediente abierto por la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, en estas violaciones a los derechos humanos “habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua”.
La justicia argentina ordenó la captura internacional de Daniel Ortega: la explicación del juez
Ariel Lijo, mediante un escrito, explicó los fundamentos para ordenar la captura del mandatario nicaragüense. Remarcó que hubo un “plan estratégico de represión” desplegado en el país, el cual “involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado”. En la causa documentaron persecuciones por motivos religiosos, a periodistas y a comunidades aborígenes.
Asimismo, advirtió que “las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas”.
Se imputará “haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua”. El objetivo, según el magistrado, era “la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes“. Para llevar a cabo el plan, consideró, “se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes”.
Además, Lijo indicó que hubo “encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad”.
Este plan, precisó el juez, se estructuró en “distintas etapas”. “Empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua”.
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