Esta brecha de inclusión educativa, se da a pesar de la apertura de las escuelas comunes a personas con discapacidad
El 15 de diciembre de 2016, con la resolución Nº 311/16, la 77ª Asamblea del Consejo Federal de Educación comunicó su decisión de “propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad”. Además, aprobó el documento Anexo I “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” y los anexos II, III y IV que forman parte de la resolución.
Esto significaba, en la práctica, que las jurisdicciones y todos los actores institucionales incluidos en el sistema educativo debían profundizar “la cultura inclusiva como eje transversal en los establecimientos educativos que de ellas dependan, respondiendo a los requerimientos de los diferentes niveles y modalidades”. Sin embargo, a casi ocho años la “inclusión” en su total dimensión sigue más cerca del objetivo esperado que de la implementación real. Según cifras oficiales de la Provincia, desde 2018 hasta 2022 se registró un incremento de más del 200 por ciento en la matriculación de estudiantes con discapacidad. De esta forma se pasó de 1.648 a 3.673 alumnos. Además, según aseguraba la autoridad del área en aquel momento, “se crearon 273 cargos para la modalidad de educación especial con el fin de acompañar el proceso”.
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