Ante el debate que tendrá Diputados este martes, la Iglesia expresó su rechazo al proyecto de baja de imputabilidad.
Este martes a las 16 se llevará a cabo un plenario de comisiones de Diputados en el que se debatirán cambios en el régimen penal juvenil. Uno de los temas que se abordará es la baja de la edad de imputabilidad, que el Gobierno pretende que pase de los dieciséis a los catorce años. En este sentido, la Iglesia expresó su rechazo al proyecto, considerando que “no soluciona el problema de raíz” de la delincuencia en los jóvenes.
Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social dijo: “No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz.” Sus declaraciones fueron en el marco de la plenaria de comisiones que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. Allí, integrantes de la Legislación Penal, Familias y Niñez, Justicia y Presupuesto y Hacienda debatirán al respecto.
Además, Braida consideró que la problemática de la delincuencia no puede ser meramente punitiva. “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de porqué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. Y agregó: “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención. Desde la Iglesia advirtieron sobre las consecuencias negativas de encarcelar adolescentes, señalando que “lo que necesitan estos chicos es oportunidades”.
El obispo aseguró que la posición con respecto a la baja de imputabilidad no es aislada, sino también la de muchas organizaciones. Instó, en efecto, a evitar respuestas apresuradas ya que se trata de una problemática delicada. “El problema requiere tiempo y un abordaje más amplio”, insistió.
La Iglesia expresó su rechazo al proyecto de baja de imputabilidad
El Gobierno se prepara para avanzar con el dictamen que propone modificar el Régimen Penal Juvenil. Aunque el proyecto original de La Libertad Avanza planteaba reducir la edad de imputabilidad a trece años, el oficialismo acordó subirlo a catorce para sumar apoyo de otros bloques, como el PRO, la UCR, el MID y bancadas menores.
En total, se discutirán catorce iniciativas con propuestas que van desde bajar la edad a doce hasta mantenerla en dieciséis años.
Aunque el centro del debate se concentra en la edad mínima, los proyectos también incluyen otras reformas al régimen penal juvenil. Entre las medidas previstas, destacan sanciones alternativas como trabajos comunitarios, amonestaciones, prohibiciones de contacto o reparación a las víctimas. La mayoría de los bloques busca combinar la respuesta punitiva con mecanismos de reinserción social.
Las diferencias también aparecen en los límites de las penas. Mientras el oficialismo propone un máximo de veinte años de reclusión, sectores dialoguistas impulsan reducir ese tope a quince. No obstante, en todos los casos se excluyen la reclusión y prisión perpetuas para los menores.
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