El Gobierno porteño detectó cientos de irregularidades en el esquema de entrega de alimentos a comedores, con beneficiarios fallecidos y otros con alto poder adquisitivo, y volvió a apuntar contra la organización ligada a Juan Grabois.
La Ciudad de Buenos Aires informó que detectó al menos 454 personas fallecidas que figuraban como beneficiarias de comedores comunitarios que, según el Ejecutivo porteño, nunca funcionaron o no pudieron ser validados. El hallazgo reavivó la polémica en torno al control de los programas alimentarios y el rol de las organizaciones sociales.
El equipo de Jorge Macri señaló que, durante el proceso de auditoría, se encontraron también casos de supuestos beneficiarios que declaraban ingresos de hasta 5 millones de pesos mensuales, además de poseer autos de alta gama y propiedades, algo incompatible con los criterios de vulnerabilidad que justifican el acceso a alimentos subsidiados.
Las anomalías se vinculan con un entramado de comedores fantasmas que recibían mercadería sin respaldo documental suficiente. Funcionarios porteños sostienen que, en varias direcciones declaradas, no se encontraron cocinas comunitarias ni registros de actividad, lo que alimenta la sospecha de desvío de recursos públicos.
Jorge Macri vuelve a apuntar contra Grabois
En este contexto, el jefe de Gobierno porteño volvió a cargar contra el dirigente social Juan Grabois, con quien mantiene un enfrentamiento político de larga data. “Acá en la Ciudad se te terminaron los curros”, afirmó Macri, en alusión directa a las estructuras de comedores vinculadas a movimientos sociales.
Desde el oficialismo porteño argumentan que el nuevo esquema de control busca transparentar la asistencia alimentaria, priorizando la derivación de recursos a escuelas, parroquias, clubes de barrio y organizaciones con trayectoria verificable. En paralelo, reclaman mayor coordinación con el Gobierno nacional para cruzar bases de datos y depurar padrones.
Las críticas apuntan a un sistema que, durante años, delegó gran parte de la ejecución de políticas sociales en intermediarios, muchas veces sin auditorías exhaustivas. La discusión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre si los alimentos deben canalizarse a través de movimientos sociales o de forma directa a las familias vulnerables.
El debate por el control de la ayuda social
Especialistas en políticas públicas señalan que la aparición de fallecidos y beneficiarios con alto nivel de ingresos en programas sociales no es un fenómeno nuevo. Cada vez que se aplican cruces de datos entre ANSES, AFIP y registros civiles, surgen inconsistencias que obligan a revisar padrones y recalibrar la asistencia.
Organizaciones sociales, por su parte, suelen advertir que los recortes generalizados pueden dejar sin cobertura a personas que efectivamente necesitan la ayuda. Reclaman que las auditorías se hagan con presencia territorial y que se garantice la continuidad de la asistencia mientras se ordenan los registros.
En el caso de la Ciudad, el Gobierno porteño asegura que los recursos reasignados por la baja de beneficiarios irregulares se reinvertirán en reforzar raciones y mejorar la infraestructura de comedores en barrios populares. Sin embargo, el cruce político con Grabois y otros referentes del sector anticipa que la discusión seguirá escalando en el plano nacional.
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