En medio del debate por la reforma laboral, nuevos datos sobre el sistema de riesgos del trabajo reavivan la discusión: una parte importante del dinero que las empresas pagan cuando pierden un juicio no termina en el bolsillo del trabajador.
Imagen: Infobae
Un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) puso números a una preocupación que sobrevuela hace años el sistema laboral argentino. Según el relevamiento, apenas el 55% de lo que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio por accidentes o enfermedades laborales llega efectivamente al trabajador.
El 45% restante se diluye en gastos y honorarios judiciales, en un circuito de intermediación que, de acuerdo a las aseguradoras, tensiona la sustentabilidad del esquema de riesgos del trabajo y alimenta la conflictividad en los tribunales.
Dónde se va casi la mitad del dinero de los juicios
De acuerdo al informe de la UART, la mayor parte de los costos se explica por la cuota litis, es decir, la porción de lo obtenido en el juicio que perciben los abogados. Esa participación representa un 14% del gasto total asociado al litigio.
El resto del 45% se distribuye en distintos conceptos: 11% en honorarios del abogado del trabajador, 8% del letrado de la compañía, 7% de los peritos, 3% en honorarios de segunda instancia y 2% en tasa de justicia. Así, casi la mitad del monto involucrado en cada caso no se transforma en reparación directa para el empleado afectado.
Litigiosidad récord pese a la baja de accidentes
La UART advirtió además sobre un salto en la cantidad de demandas por riesgos del trabajo. El año 2025 cerró con 134.141 juicios iniciados, un incremento del 6,4% en relación al año previo y una cifra que la entidad califica como “récord e imposible de costear”.
El último cuatrimestre mostró una aceleración: los expedientes iniciados crecieron un 12% interanual. Diciembre, mes en el que por estacionalidad suele bajar el ingreso de causas, tuvo más presentaciones que noviembre, lo que encendió alarmas en el sector asegurador y en las empresas.
El stock total de juicios en trámite también viene en alza: pasó de 287.802 expedientes en diciembre de 2024 a 317.848 causas en septiembre de 2025. Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a diciembre de 2016, cuando, ante la inminente sanción de una nueva ley, solo en la Ciudad de Buenos Aires se iniciaron unos 4.500 juicios en los últimos cinco días hábiles del año.
La paradoja: menos muertes y accidentes, más juicios
Para las aseguradoras, la situación tiene un costado paradójico. Por un lado, los principales indicadores de siniestralidad laboral muestran una mejora sostenida. Según datos citados por la UART y elaborados por el IERAL, desde mediados de los años noventa se redujeron de manera marcada los accidentes y las muertes en el trabajo.
En los establecimientos laborales, la tasa de muertes pasó de 158 a 34 por millón de trabajadores desde que comenzó a aplicarse la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) en 1997. Esta caída equivale, de acuerdo al estudio, a unas 18.700 vidas salvadas en 26 años, es decir, cerca de 720 muertes evitadas por año.
Los accidentes laborales también bajaron de forma notable: a mediados de los noventa se registraban alrededor de 75 siniestros cada 1.000 trabajadores dentro de los establecimientos. Hoy esa cifra se redujo aproximadamente a la mitad, lo que muestra un mayor nivel de prevención y control en las empresas.
En paralelo, los accidentes in itinere —los que se producen en el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo— presentan una dinámica más compleja. Aunque la tasa de muertes in itinere cayó de 76 a 30 por millón, la cantidad de hechos reportados aumentó: pasaron de 7 a 18 casos cada 1.000 trabajadores, reflejando cambios en la movilidad urbana y en la exposición al riesgo fuera de la planta.
Críticas al sistema y debate sobre la reforma laboral
Ante este escenario, la UART cuestionó con dureza el funcionamiento actual del esquema judicial. “Cuanto mejor hacemos nuestro trabajo preventivo y más logramos bajar los accidentes, más juicios recibimos”, remarcaron desde la entidad, al tiempo que apuntaron contra el accionar de algunos peritos y la falta de cuerpos médicos especializados en varias justicias provinciales.
Para las aseguradoras, el problema es que ir a juicio resulta prácticamente gratuito para trabajadores y abogados, lo que alienta a que la instancia judicial deje de ser excepcional y se convierta en una vía casi automática ante cualquier reclamo, impactando en los costos del sistema y en las cuotas que pagan las empresas.
De no mediar cambios de fondo en la normativa y en los mecanismos de resolución de conflictos, las proyecciones de la UART anticipan que la litigiosidad seguirá subiendo en los próximos meses. En pleno debate nacional por la reforma laboral, la discusión sobre cómo equilibrar la protección efectiva del trabajador con un esquema judicial más ágil y menos costoso vuelve a ganar centralidad en la agenda económica y política.
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