El tratamiento de la llamada ley antitrapitos en el Senado provincial quedó en suspenso y abrió un frente de conflicto dentro del oficialismo, que no logró los consensos necesarios para avanzar en el recinto.
La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas, estaba prevista para ser discutida la semana pasada, pero el debate se postergó por la falta de acuerdos políticos. El freno a la sesión generó malestar tanto en el propio autor del proyecto como en distintas terminales de Unidos, la coalición de gobierno en Santa Fe.
Un proyecto que divide al oficialismo
La conocida ley antitrapitos apunta a regular y sancionar la actividad de los cuidacoches informales en las principales ciudades de la provincia. El tema viene ganando espacio en la agenda pública por las quejas de vecinos y automovilistas, pero también por la discusión sobre el rol del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad social.
En el Senado, el texto no logró por ahora los respaldos necesarios para su aprobación. Distintos sectores del oficialismo plantearon reparos sobre el alcance de las sanciones, la implementación en los municipios y el posible impacto sobre quienes desarrollan esta tarea como único ingreso.
Según trascendió en ámbitos legislativos, Seisas esperaba que el proyecto avanzara con mayor velocidad, en línea con los reclamos que varios intendentes y concejales vienen expresando en los últimos meses. La decisión de postergar el tratamiento fue leída como una señal de las tensiones internas que atraviesa Unidos a la hora de ordenar su agenda de seguridad y convivencia urbana.
Debate abierto sobre seguridad y trabajo informal
La discusión sobre la ley antitrapitos no se limita al plano legislativo. Organizaciones sociales y especialistas en políticas urbanas advierten que cualquier regulación debe contemplar la situación de trabajo informal que atraviesan miles de personas, y acompañarse de alternativas de inclusión laboral.
Del otro lado, vecinos y comerciantes reclaman reglas claras ante episodios de aprietes o exigencia de pago obligatorio por el estacionamiento en la vía pública. En ese contexto, la demora en el Senado mantiene en suspenso una definición que el propio oficialismo había presentado como prioritaria en materia de ordenamiento del espacio público.
Mientras se buscan nuevos consensos, el proyecto de Seisas seguirá en comisión a la espera de modificaciones o acuerdos que permitan destrabar su tratamiento. Hasta entonces, el tema continuará siendo un foco de tensión dentro del bloque de Unidos y un punto de atención para las principales ciudades de la provincia, con Rosario como escenario central del conflicto.
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