El Gobierno impulsa una ley para destrabar la obra pública paralizada desde hace años. Busca así salir de un laberinto de contratos y reclamos millonarios, sin adelantar cómo se resolverán los conflictos más sensibles.
El oficialismo presentó en el Congreso un proyecto que crea un régimen excepcional para la obra pública, con el objetivo de reactivar contratos frenados y reducir el riesgo de juicios contra el Estado nacional.
La iniciativa libertaria apunta a darle una salida legal a contratos de infraestructura que quedaron a mitad de camino, muchos de ellos firmados hace más de una década, y que hoy representan un fuerte peso en el presupuesto por sus pasivos contingentes.
Un intento por ordenar la herencia de contratos viejos
El proyecto contempla mecanismos específicos para renegociar, rescindir o cerrar acuerdos con constructoras involucradas en obras paralizadas. La intención es evitar litigios largos y costosos que podrían multiplicar las obligaciones del Estado en los tribunales.
Según fuentes oficiales, el esquema excepcional busca también limpiar del Presupuesto Nacional aquellas obligaciones que hoy figuran como eventuales, pero que podrían transformarse en deuda firme si avanzan las demandas judiciales.
En paralelo, el debate político se concentra en cuánto margen tendrá el Poder Ejecutivo para negociar con las empresas y qué controles aplicará el Congreso sobre la reactivación o cierre definitivo de los proyectos de obra pública.
Comentarios