Una de las presentaciones plantea que con el DNU el gobierrno buscaría “sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder”.
El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió diez amparos contra el decreto de necesidad y urgencia 70, de desregulación económica, del presidente electo Javier Milei. Hay pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo por la presunta inconstitucionalidad de la norma.
El amparo de Andrés Gil Domínguez
Gil Domínguez presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, junto a un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue designado al juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 tras recusar a Juan Pablo Cayssials.
Gil Domínguez sostiene que el DNU es “contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina”; y pidió que “oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023”.
“Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa”, dice el texto.
El abogado reclamó la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023”.
“El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina – de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder”, aseguró.
“De esta manera, se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes”, cerró.
Otras presentaciones
La primera de las diez presentaciones fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y organizaciones como ATE y CTA. El viernes pasado, el juez Esteban Furnari admitió la acción como un “amparo colectivo”.
También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina; más los amparos del extitular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo; y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.
