La ONG convocó una reunión para denunciar el creciente problema en el país. Además, se refirió a la necesidad de implementar una ley que penalice estos actos.
Greenpeace Argentina llevó a cabo una manifestación frente al Congreso Nacional para denunciar un aumento del 21% en la deforestación en Argentina en comparación con el mismo período del año pasado. Además, destacan la importancia de penalizar estos crímenes.
“Hemos observado con gran preocupación este incremento en la deforestación. En la mayoría de los casos son ilegales”, expresó el coordinador de la campaña de Bosques Hernán Giardini.
Según un comunicado emitido por la organización, en lo que va del año han deforestado más de noventa mil hectáreas en el norte de Argentina. Esto equivale a 4,5 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en 2022, al menos setenta y cuatro mil hectáreas fueron taladas o arrasadas por incendios forestales.
De acuerdo con un estudio realizado por los ambientalistas, Chaco y Santiago del Estero son las provincias más afectadas por la deforestación. Allí, miles de hectáreas han sido víctimas de la tala ilegal y los incendios. Greenpeace considera que estos actos constituyen crímenes que deberían ser penalizados por la ciudadanía.
La ONG informa que 250.000 personas ya se han sumado a favor de su iniciativa para reclamar la penalización de la deforestación y anima al resto de la ciudadanía a participar en la consulta popular a través de sus plataformas oficiales.
El avance de la deforestación en el norte
Greenpeace realizó un relevamiento mediante la comparación de imágenes satelitales. Los resultados indican que entre enero y septiembre de 2023 se han deforestado 41.848 hectáreas en Chaco, 30.828 hectáreas en Santiago del Estero, 12.498 hectáreas en Formosa y 5.582 hectáreas en Salta.
En este sentido, Giardini sostiene que “es evidente que las multas económicas no son suficientes como mecanismo disuasorio”. Para los empresarios representan simplemente un costo adicional de producción y “cuando son altas, contratan abogados para evitar pagarlas”.
Además, el ecologista denuncia que en las zonas afectadas “casi nunca se lleva a cabo la reforestación” y atribuye esto a “la complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”. “Nos encontramos frente a una clara emergencia climática y de biodiversidad, lo cual nos obliga a actuar en consecuencia”, advierte.
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