La Cámara de Diputados de Santa Fe frenó el proyecto que busca sancionar los discursos de odio en la provincia. La controversia por las abultadas multas económicas y el temor a la censura estancaron el debate en las comisiones legislativas.
La Cámara de Diputados de Santa Fe mantiene frenado un proyecto legislativo para declarar a la provincia territorio libre de discriminación y discursos de odio. Pese a contar con el respaldo del Senado provincial, la iniciativa quedó estancada en la comisión de Asuntos Constitucionales bajo la coordinación de Lionella Cattalini.
Las severas sanciones económicas en debate
El motivo principal del bloqueo radica en el duro régimen punitivo planteado dentro del articulado del proyecto. El texto impulsado por Felipe Michlig propone modificar el Código de Convivencia de Santa Fe para aplicar castigos pecuniarios. Por ende, fijan una multa de 60 unidades jus, equivalentes actualmente a 8.688.182,40 pesos según la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, diversos legisladores cuestionan que los montos económicos resultan exagerados para infracciones por expresiones públicas. Si bien el infractor puede reemplazar el pago monetario por capacitaciones, el costo financiero genera fuertes discrepancias internas. Por esta razón, el bloque Unidos busca reformular el esquema sancionatorio hacia un enfoque preventivo.
El riesgo de censura y la falta de precisión conceptual
Por otro lado, la ambigüedad en la definición jurídica sobre qué constituye un discurso de odio paralizó el tratamiento del proyecto. La iniciativa abarca expresiones verbales, escritas o digitales que promuevan la hostilidad hacia colectivos vulnerables. Sin embargo, la diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, alertó que términos como menosprecio o naturalización imponen un grave riesgo de autocensura.
En consecuencia, varios legisladores advierten sobre una potencial herramienta para restringir la libertad de expresión en el ámbito público. Por este motivo, la propuesta original de la Mesa de Diálogo Santafesino exige modificaciones urgentes para destrabar su dictamen. De este modo, los diputados debatirán cambios estructurales para evitar la aplicación de castigos arbitrarios en la provincia.
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