La decisión de restringir el acceso a internet en zonas de París, es con el objetivo de “garantizar la seguridad” y prevenir la coordinación de ataques o disturbios a través de las redes sociales y otras plataformas.
Esta medida es implementada debido a los disturbios y enfrentamientos que han ocurrido en la periferia de París durante las manifestaciones en rechazo a la muerte de Nahel M a manos de un policía. El gobierno francés argumenta que las restricciones buscan prevenir el uso abusivo de las redes sociales y las plataformas para coordinar acciones ilegales e incitar a la violencia.
La decisión del gobierno francés de restringir el acceso a internet generó diversas opiniones y reacciones. Por un lado, el presidente Emmanuel Macron ha culpado a las redes sociales, como TikTok y Snapchat, de desempeñar un papel sustancial en la extensión de los disturbios en Francia. Macron afirma que trabajarán con estas plataformas para eliminar contenido delicado e identificar a los usuarios que incitan al desorden o exacerban la violencia.
Por otro lado, la ONG Human Rights International critica esta medida, considerándola un acto de censura que busca ocultar la realidad del país. La organización argumenta que limitar el acceso a internet en Francia es una violación a la libertad de expresión.
En cuanto a la respuesta de las plataformas de redes sociales, generalmente están dispuestas a eliminar contenido que viola la ley local si así lo solicita un gobierno. Sin embargo, la factibilidad de estos pedidos depende de la plataforma y de la amplitud y fundamentos de la solicitud. Algunos expertos señalan que las plataformas deben tener cuidado al eliminar contenido, especialmente en situaciones de debate político intenso o indignación pública, ya que es común que la gente utilice términos apasionados o alusiones a la violencia sin la intención de incitar a actos violentos.
Por ejemplo, Hany Farid, experto en ciencia forense digital de la Universidad de California en Berkeley, afirma que la mayoría de las redes sociales acatarán los pedidos de los gobiernos para eliminar contenido que viola la ley local. Sin embargo, si un gobierno solicita la eliminación de una gran cantidad de mensajes, podría encontrar resistencia por parte de las plataformas. Emma Llansó, directora del Proyecto de Libertad de Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología, señala que las plataformas deben ser cuidadosas con los pedidos excesivamente amplios, ya que en situaciones de protesta política es común que la gente utilice términos apasionados o alusiones a la violencia sin la intención de incitar a actos violentos.
En cuanto a la ley francesa, el país cuenta con una ley contra el ciberacoso que penaliza las amenazas de crímenes y los insultos. De todas formas, es poco común que esta ley se aplique en la práctica. En 2020, el Parlamento francés aprobó una ley que obliga a las plataformas y motores de búsqueda a eliminar contenido prohibido en un plazo de 24 horas. Aunque esta ley existe, su aplicación ha sido limitada.
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