Evo Morales faltó al juicio por presunta trata de una menor

La primera audiencia del juicio contra Evo Morales por presunta trata de una menor en Bolivia tuvo un giro inesperado: el expresidente no se presentó ante el tribunal, mientras su defensa insiste en que no fue debidamente notificada de la citación.

El proceso judicial tiene como eje una denuncia por presunta trata de personas vinculada a una relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años, con quien posteriormente tuvo una hija. El caso vuelve a poner bajo la lupa al exmandatario boliviano, figura central del escenario político de ese país durante las últimas décadas.

Según trascendió en medios bolivianos, la audiencia estaba prevista para este lunes en un tribunal de ese país. Sin embargo, la ausencia de Morales obligó a reordenar el cronograma del juicio y abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la acusación y la defensa sobre las notificaciones y el cumplimiento de las garantías procesales.

Los representantes legales del expresidente sostienen que no fueron formalmente informados de la fecha y el horario fijados para el inicio del debate oral. En esa línea, argumentan que la inasistencia no respondió a una decisión deliberada de Morales, sino a un problema en el circuito de comunicaciones judiciales.

Del otro lado, la parte acusadora insiste en que el exjefe de Estado tiene pleno conocimiento de la causa y consideran que su ausencia retrasa la búsqueda de verdad y justicia en un expediente de enorme sensibilidad social por la condición de menor de edad de la presunta víctima.

Acusaciones, defensas y el trasfondo del caso

La causa se centra en determinar si hubo trata de personas y otros delitos conexos en el vínculo que Morales sostuvo con la adolescente. La investigación judicial busca precisar en qué contexto se inició la relación, cuál era la situación de la joven y si intervinieron terceras personas para facilitar o encubrir ese lazo.

Morales, que gobernó Bolivia durante casi 14 años, enfrenta desde hace tiempo denuncias y controversias que exceden el plano político. Este expediente, en particular, combina un fuerte componente penal con un impacto directo en su imagen pública y en la interna del oficialismo y la oposición boliviana.

La defensa del exmandatario plantea que las acusaciones tienen un claro tinte político y se inscriben en una estrategia para impedirle disputar espacios de poder en el futuro. Insisten en que demostrará su inocencia cuando pueda ejercer plenamente su derecho a defensa en una instancia de juicio regular.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos que trabajan contra la violencia hacia niñas y adolescentes siguen de cerca la evolución del caso. Para estos sectores, resulta clave que la Justicia avance con celeridad, garantizando tanto los derechos de la presunta víctima como las garantías del acusado.

Mientras se define la nueva fecha de audiencia, el expediente se consolida como uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Bolivia, con derivaciones que trascienden las fronteras del país y son observadas en toda la región.

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