El Gobierno nacional, a través del Decreto 525/2024 firmado por el presidente Javier Milei, declaró la emergencia ferroviaria por un período de dos años.
Esta medida abarca la administración, mantenimiento y operación de los servicios ferroviarios, para lo cual se asignó una partida de $1.3 billones. La decisión se enmarca dentro del paquete de privatizaciones aprobado por el Congreso Nacional. La Secretaría de Transporte, en tanto, señaló que esta herramienta permitirá al Gobierno avanzar en acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios a través de la renovación de la infraestructura.
El decreto establece la asignación de $1.293.780.000.000 para las inversiones necesarias con el fin de mejorar las condiciones de seguridad operativa en el sistema ferroviario. Además, se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior. La intención es destinar dichos recursos a la seguridad operativa. Esta declaración abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. Asimismo, considera las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto insta a priorizar la seguridad operativa del sistema ferroviario. Exige también a las empresas del sector implementar una priorización de las necesidades más urgentes. Además de las contrataciones necesarias para revertir la situación de emergencia vigente. El objetivo es orientar el destino de los fondos públicos asignados a maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad.
Autoridad de aplicación y plan de acción
La Secretaría de Transporte fue designada como la autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria y deberá elaborar un plan de acción, dentro de los próximos 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar. Las empresas ferroviarias que dependen de la Secretaría de Transporte deberán, en sus propuestas, efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad. En caso de ser necesario, se deberán realizar las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales.
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