El proyecto de ley asigna $3,8 billones a las universidades, pero plantea la posibilidad de suspender transferencias si no se cumple con el envío de información en tiempo y forma para controlar el gasto.
El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 ante el Congreso. Proyectó una inflación del 18%, un dólar a $1200 y un crecimiento del 5% del PBI. Entre los puntos más destacados, el Gobierno insiste en la necesidad de auditar el uso de los fondos destinados a las universidades nacionales para controlar el gasto.
El proyecto autoriza un gasto total de $3,8 billones para las casas de estudio. Sin embargo, establece que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, podrá interrumpir las transferencias de fondos si estas no presentan la información solicitada en tiempo y forma. Este control actualmente es responsabilidad de la Auditoría General de la Nación (AGN) bajo aprobación del Congreso. Busca garantizar un uso eficiente de los recursos y evitar desvíos en el presupuesto universitario.
Discurso
Durante su discurso, Milei enfatizó que este presupuesto es clave para lograr el déficit cero, poniendo freno al “gasto compulsivo” de los gobiernos anteriores. “Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal, independientemente del escenario económico”, subrayó el mandatario.
La posibilidad de auditar directamente a las universidades genera preocupación en el sector educativo, ya que actualmente las auditorías internas son competencia de cada institución, con reportes a la AGN y, en algunos casos, al Congreso. Las autoridades académicas manifestaron su rechazo a la intervención directa del Ejecutivo en lo que consideran una posible violación de la autonomía universitaria.
El debate sobre la financiación y control de las universidades continuará en el Congreso, mientras gremios y sectores académicos evalúan posibles medidas para enfrentar lo que consideran una avanzada del Gobierno sobre la educación pública.
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