El Gobierno activa la venta de Intercargo y busca un nuevo operador para el servicio de rampas en aeropuertos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, formalizó el inicio del proceso de venta de Intercargo. Se trata de la empresa estatal encargada de prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves en las aeropuertos argentinos. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1067/2025 y establece un plazo de ocho meses para completar la operación.
Actualmente, Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado. Es la prestadora exclusiva del servicio de rampa -asistencia en tierra a aeronaves- en la mayoría de los aeropuertos del país. La venta de su paquete accionario se realizará a través de una licitación pública nacional e internacional, sin segmentación ni participación reservada para trabajadores.
El Gobierno activa la venta de Intercargo y busca nuevo operador
La propuesta de privatización fue elaborada por la Secretaría de Transporte, que tiene a Intercargo bajo su órbita y fue elevada al Poder Ejecutivo con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta decisión se basa en lo establecido en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que declaró a la empresa “sujeta de privatización”.
El Gobierno dispuso que el 100% de las acciones se vendan con una única operación. A diferencia en procesos anteriores, no se contemplan mecanismos de propiedad participada ni beneficios preferenciales para empleados o terceros. El paquete accionario se transferirá en bloque a un nuevo operador privado.
Además, para avanzar con el proceso, se instruyó la rescisión del contrato de concesión que actualmente vincula a Intercargo con el Estado. Esta rescisión, que será por mutuo acuerdo, deberá concretarse antes de la venta definitiva.
Plazo límite y nueva valuación
Vale mencionar que el proceso de privatización será coordinado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Este organismo tendrá la responsabilidad de garantizar que la transferencia se concrete en un plazo máximo de ocho meses.
Una de las primeras tareas será solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial del paquete accionario. Esta decisión se tomó luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informa su imposibilidad de realizar la tasación en un plazo razonable. A su vez, la Subsecretaría de Transporte Aéreo tendrá a su cargo el seguimiento del traspaso operativo hacia el nuevo concesionario. Su función será velar por que la transición no afecte la continuidad del servicio ni se ponga en riesgo la conectividad aérea.



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