Mientras la Legislatura provincial analiza cambios en las leyes de seguridad, el Gobernador Maximiliano Pullaro volvió a defender su reforma penal y se desmarcó del llamado “garantismo bobo” en el tratamiento del delito.
Pullaro reiteró que, bajo su gestión, ningún delincuente será tratado como “pobrecito”. Con esa frase volvió a marcar distancia de los sectores judiciales y políticos que, según él, priorizan la mirada garantista por encima del reclamo social de mayor firmeza frente al crimen.
El mandatario santafesino vinculó sus críticas al contexto actual, en el que la Legislatura debate un paquete de reformas penales y de seguridad impulsado por su gobierno. El objetivo, remarcó, es endurecer las respuestas frente a quienes cometen delitos y evitar beneficios que, a su criterio, favorecen la impunidad.
En ese marco, Pullaro insistió en que la Provincia necesita un sistema judicial que acompañe la estrategia de seguridad y respalde el trabajo de las fuerzas policiales y de los fiscales. Aseguró que su postura busca responder a la demanda ciudadana de mayor control y castigo efectivo.
Debate político y tensión con la Justicia
Las declaraciones del gobernador reavivaron el debate entre quienes respaldan una reforma penal más dura y quienes advierten sobre el riesgo de vulnerar derechos y garantías básicas. El tratamiento legislativo de los proyectos se da en un clima marcado por la preocupación social ante los niveles de violencia e inseguridad.
