El Gobierno consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional", conocido como Ley Malvinas. Fue luego de aceptar modificaciones solicitadas por sus aliados, así como por Estados Unidos. El Ejecutivo reunió sesenta firmas y ahora busca llevar la iniciativa al recinto el 12 de noviembre, pese a que aún existen algunas diferencias sobre los artículos relacionados con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Éste amplía el régimen de sanciones vigente, hasta ahora centrado en los hidrocarburos, para abarcar otros recursos naturales renovables y no renovables. Además, contempla multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para operar en Argentina.
Sin embargo, el proyecto excede la cuestión Malvinas. También introduce cambios en las normas de defensa, inteligencia y seguridad, y establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Mientras Unión por la Patria y sectores de Provincias Unidas propusieron separar las reformas, el oficialismo defendió su tratamiento conjunto.
Cambios en las sanciones a empresas y un Consejo de Seguridad Nacional con controles legislativos
Uno de los principales puntos acordados durante las negociaciones fue limitar las sanciones a las empresas operadoras, sus licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos.
El texto exceptúa a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión que no tengan capacidad de decisión sobre los activos. Para sancionar a un proveedor, también deberá comprobarse que sus bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.
Las modificaciones se incorporaron luego de que el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau transmitiera la preocupación de Washington por el posible impacto de las penalidades sobre empresas de ese país.
Asimismo, la propuesta crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el presidente. Tendrá facultades para revisar inversiones de Estados extranjeros y empresas bajo su control en sectores estratégicos, como energía, telecomunicaciones, minería y defensa.
Durante las negociaciones, el oficialismo aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad como integrante permanente y establecer una comisión bicameral de seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo deberá recibir información dentro de las 48 horas sobre las sanciones y medidas urgentes que adopte el Consejo.
La controversia por la libertad de expresión
Otro de los capítulos discutidos es el referido a la injerencia extranjera. La nueva redacción mantiene penas de entre cinco y doce años de prisión para determinadas acciones realizadas por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, con el objetivo de alterar elecciones o condicionar decisiones de las autoridades.
El dictamen excluye expresamente la actividad periodística, la investigación académica, la diplomacia y la representación abierta y regulada de intereses. Aun así, sectores aliados reclaman mayores precisiones y garantías para organizaciones de la sociedad civil.
El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre. Para avanzar, deberá sostener los acuerdos alcanzados durante el debate en comisiones y reunir los votos necesarios para su aprobación.