El Gobierno nacional insiste con controlar los presupuestos universitarios. El Ministerio de Capital Humano emitió cuatro DNU para modificar normativas.
El problema entre el Gobierno nacional y las universidades por los presupuestos llegó a la Justicia. No obstante, esto no pidió la intención del Ejecutivo de velar por los fondos para que sean utilizados de manera transparente. Para “garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados”, el Ministerio de Capital Humano junto al de Desregulación, emitieron cuatro decretos.
Estas nuevas disposiciones pretenden cambiar la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en los presupuestos universitarios. Asimismo, elimina la posibilidad de contrataciones directas con Universidades o personas físicas o jurídicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
La iniciativa plantea la obligatoriedad del uso de sistemas de administración pública nacional. Esto es, COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
El Ejecutivo insiste con controlar presupuestos universitarios
Las universidades deberán adoptar los sistemas electrónicos antes mencionados para las compras y contrataciones. En este sentido, el subsecretario de Educación Alejandro Álvarez comentó: “Hoy ya unas 35 universidades utilizan estos sistemas pero que representan más o menos la mitad, lo ideal sería estén el 100% en las universidades”. Y agregó: “Las que se mantienen al margen del sistema atenta contra la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos”.
Sobre la eliminación de la posibilidad de contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, el funcionario dijo: “Esta medida termina con un privilegio irrazonable que atentan contra el interés público y la transparencia en las compras públicas“.
Lo que pretenden las autoridades es que las universidades no sean “un consultor privilegiado del Estado en general”. Entienden que este tipo de convenios “se utilizaban para financiar la política y evadir los controles”. Con las disposiciones, consideran que “las universidades públicas quedarán formalmente incluidas en las normativas que regulan la administración financiera y las contrataciones electrónicas estatales”. Aseguran, sin embargo, que la implementación será paulatina.
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