Un nuevo caso de corrupción policial sacude a Rosario. Seis policías vinculados con narcos serán imputados por complicidad con la banda del “Frentudo”.
La lucha contra el narcotráfico en Rosario vuelve a enfrentarse a un enemigo dentro de las fuerzas de seguridad. Este lunes, las autoridades detuvieron a seis policías de la Brigada Motorizada, sospechosos de estar involucrados en maniobras ilegales con bandas de narcotraficantes que operan en el norte de la ciudad.
La Fiscalía Regional Secunda impulsó el caso y llevó a cabo una serie de allanamientos que dejaron al desnudo la complicidad de estos uniformados con los criminales.
La investigación comenzó cuando se peritó el celular de Sandra Álvarez, una mujer detenida por microtráfico de droga en el barrio Parque Casas, quien, en conversaciones con otros miembros de la banda, reveló que ciertos policías colaboraban para perjudicar a la competencia narco, alertando sobre operativos de seguridad inminentes y manipulando procedimientos.
Este hallazgo desencadenó una serie de operativos que resultaron en el arresto de cinco policías en servicio. Un sexto policía se presentó voluntariamente ante Asuntos Internos.
Imputación
Las autoridades imputarán a los detenidos este lunes por falsedad ideológica, falsificación de documentos, apremios ilegales, cohecho y encubrimiento agravado. Además, los investigadores descubrieron que los implicados no solo colaboraban con el tráfico de estupefacientes, sino que también cometían abusos de poder, como el caso de un detenido que golpearon en la Comisaría 10º y la falsificación de informes médicos que omitieron lesiones en la víctima.
El foco de la causa se centra en un policía de la Brigada Motorizada, identificado como J.S., quien se presentó ante Asuntos Internos tras el allanamiento. Mientras tanto, las autoridades de la Comisaría 10º también comparecieron por posibles cargos de encubrimiento y desobediencia judicial, aunque no las arrestaron.
Este escándalo de corrupción policial deja en evidencia una vez más los desafíos que enfrenta la ciudad en su lucha contra el narcotráfico y pone en la mira a sectores de las fuerzas de seguridad que deberían ser los primeros en defender la ley. La justicia continúa su curso, mientras la comunidad exige respuestas.
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