El Gobierno identificó 129 empresas estatales para pasar a manos privadas. Las negociaciones incluirán el intercambio de activos por deudas con las provincias.
El Gobierno Nacional dio un paso importante en su plan de privatización y, según fuentes oficiales, ya tiene bajo análisis el destino de 129 empresas donde el Estado mantiene algún tipo de participación. Bajo la dirección de Diego Chaher, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas comenzó a clasificar a las empresas de acuerdo con el tipo de intervención estatal, con el objetivo de ejecutar una transferencia ordenada y gradual al sector privado.
En esta lista figuran nombres emblemáticos como Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos, ARSAT, el Banco Nación y Fabricaciones Militares, entre otras. De las 129 compañías, 62 presentan una mayoría estatal, 59 tienen participación minoritaria y 8 están en proceso de liquidación. Además, se analiza el uso de estos activos para compensar las deudas de la Nación con las provincias. “La intención es ordenar las cuentas de Nación y de las provincias”, afirmó recientemente Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior. La estrategia busca netear los pasivos mediante el traspaso de empresas, tierras fiscales y hasta rutas nacionales.
Este plan de privatización se desarrolla en un contexto de tensas negociaciones con las provincias, donde el Gobierno aspira a que los activos estatales sean transferidos como compensación por deudas. En este marco, Córdoba ya manifestó interés en adquirir la Fábrica Argentina de Aviones, mientras que otras provincias evalúan propuestas.
Los seis mecanismos de privatización
El programa incluye seis herramientas para ejecutar las privatizaciones: oferta pública inicial, concesión, transformación patrimonial, cesión a provincias, cierre de operaciones y búsqueda de socios estratégicos. Cada empresa será evaluada bajo estos criterios para definir el procedimiento más adecuado. Algunos de los casos avanzan rápidamente, como la licitación del 100% de IMPSA, cuyas ofertas se recibieron hasta el 31 de octubre y se conocerán en las próximas semanas.
Casos destacados y próximos pasos
Entre los casos más relevantes, el Gobierno anticipa colocar en el mercado bursátil acciones de empresas como Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. También se prevé transformar a TANDANOR en un proveedor de buques para el mercado internacional, alejándose de un cierre definitivo, y se evalúa la cesión de Operador Mayorista de Servicios Turísticos (OPTAR) a sus empleados.
La privatización de YPF también sigue en la agenda, con la venta de activos en Chile y Brasil y posibles desprendimientos de unidades como YPF Agro y YPF Arenas. “La estrategia de YPF pone el foco en la rentabilidad”, afirmó Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal, en una reciente exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).
Para Milei, la privatización de empresas estatales representa una forma de combatir lo que él denomina “la casta política”. Según fuentes cercanas al mandatario, “aunque la empresa sea superavitaria, igual se traspasará al sector privado porque si siguiera en la órbita pública, los políticos corruptos volverían a hacerla deficitaria”.
En definitiva, el avance de este proceso marca un cambio radical en la administración de empresas públicas y en la relación del Estado con el sector productivo nacional, bajo una política que busca la eficiencia financiera y un balance fiscal sostenible en el tiempo.
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