En un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial, se demolieron dos viviendas vinculadas al microtráfico en el oeste rosarino. Una tercera propiedad, que había sido usurpada, fue devuelta a sus verdaderos dueños.
El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación coordinaron la anulación de tres puntos de venta de estupefacientes en el barrio Gráfico. Durante el operativo en la zona oeste, las autoridades utilizaron maquinaria pesada para demoler dos edificaciones vinculadas al comercio de drogas. Por su parte, la justicia ordenó la restitución de la tercera vivienda a sus dueños originales tras comprobarse una usurpación previa.
Desarticulación de estructuras criminales territoriales
El fiscal Franco Carbone identificó a los clanes Villalba e Itre como los responsables de gestionar estos inmuebles para actividades ilícitas. Estas organizaciones operaban en un radio de acción reducido y mantenían conexiones con narcotraficantes de mayor escala ya condenados. Según las investigaciones, las bandas utilizaban estos sitios no solo para el microtráfico, sino también para planificar extorsiones y homicidios.
La modalidad delictiva incluía un ciclo de estafas inmobiliarias donde vendían las propiedades a vecinos de buena fe. Posteriormente, los criminales recuperaban las casas mediante amenazas violentas para revenderlas o transformarlas en búnkeres. En consecuencia, el despliegue estatal buscó romper este esquema de poderío territorial que afectaba la convivencia de los trabajadores del barrio.
Implementación de nuevas herramientas legales
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que la actual Ley de Microtráfico permite estas intervenciones directas contra el narcomenudeo. Anteriormente, el Estado carecía de facultades específicas para derribar construcciones destinadas exclusivamente al tráfico de sustancias prohibidas. Ahora, la normativa provincial facilita una respuesta rápida ante la violencia, las balaceras y la degradación urbana en los vecindarios.
Las autoridades confirmaron que varios integrantes de estos clanes familiares poseen pedidos de captura activos o cumplen detenciones por delitos conexos. Por ello, la clausura de estos espacios resulta fundamental para pacificar sectores históricamente vulnerados por la impunidad delictiva. La fiscalía continuará monitoreando la zona para evitar el reasentamiento de estructuras criminales que intenten controlar nuevamente el mercado ilegal de drogas.
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