Astilleros locales y especialistas denuncian irregularidades en la licitación para patrulleros y submarinos, favoreciendo a la empresa francesa Naval Group.
La licitación para la compra de patrulleros y submarinos ha generado fuertes críticas. Astilleros locales y especialistas denuncian irregularidades y acusan al gobierno de Javier Milei de favorecer al astillero Naval Group, de Francia, que tiene antecedentes de corrupción en Malasia, India y Brasil. La operación, que involucra una inversión de 2 mil millones de dólares, se aceleró tras el encuentro entre Milei y el presidente francés Emmanuel Macron.
Astilleros nacionales afirman que el proceso de licitación está diseñado para beneficiar a un competidor extranjero, limitando la competencia justa. Según la Ley de Promoción de la Industria Naval, los barcos deben construirse en Argentina, pero el gobierno dijo que tres de los patrulleros se fabricarán en SPI, un astillero de Mar del Plata. Sin embargo, críticos aseguran que SPI no tiene la infraestructura necesaria para fabricar barcos de 85 metros de eslora.
El ingeniero naval Raúl Podetti denunció un posible fraude millonario. Aseguró que, si los barcos se construyen en Francia, se evitarán impuestos nacionales. También cuestionó el precio inflado de los patrulleros y advirtió que los franceses podrían evadir impuestos al enviar los barcos con pabellón francés. Podetti señaló que el gobierno no ha respondido a sus denuncias.
La Federación de la Industria Naval Argentina pidió suspender la licitación hasta estabilizar la economía. Sin embargo, el gobierno desestimó su solicitud. Mientras tanto, aumentan las sospechas de que la licitación está dirigida a Naval Group. Estas sospechas se refuerzan por los casos de corrupción que involucran al astillero francés.
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