La World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en los últimos años reunió más de 15.000 firmas de argentinos. De qué se trata.
En Argentina, la venta de productos de vapeo está prohibida desde hace más de diez años. Por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), desde el 2011 está vetada la comercialización, importación y publicidad. Sin embargo, millones de personas vapean en el país, accediendo a los productos a través del mercado informal.
Actualmente, muchos menores de edad acceden fácilmente a dispositivos y líquidos sin que el Estado tenga manera de fiscalizar la venta. Mientras que los adultos fumadores buscan alternativas menos aniñas que el cigarrillo, carecen de opciones legales.
Ante esta situación, la World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable. Lo que reclaman el fin de la prohibición y el establecimiento de una regulación moderna y efectiva. “La gente se cansó de políticas que no funcionan. Los consumidores argentinos están pidiendo una solución real, no más prohibiciones que solo alimentan el mercado negro”, advierten.
De qué se trata la campaña Vapeo Responsable
Esta campaña busca visibilizar una realidad que la política ha ignorado: el vapeo es parte de la vida de miles de argentinos. Y el Estado, en lugar de controlar la situación, la prohibió, abriéndole paso al mercado informal. De esta manera, mientras los productos se venden libremente en redes sociales o kioscos sin supervisión, los fumadores que desean dejar el cigarrillo con ayuda de vapeo, no pueden hacerlo de manera legal.
La campaña Vapeo Responsable propone un modelo concreto de regulación basado en la evidencia y la reducción de daños. Éste permitiría la venta exclusiva a adultos en tiendas especializadas con verificación obligatoria de edad y establecería estándares de calidad y trazabilidad para todos los productos. También piden sanciones severas para quienes vendan a menores o incumplan la normativa y que el Gobierno difunda información clara sobre los riesgos de cada producto.
El modelo que propone esta campaña es similar al adoptado en países como Inglaterra, Suecia o Nueva Zelanda. Allí, el vapeo forma parte de las políticas de salud pública y contribuyó a reducir el tabaquismo.
Pedido al Gobierno y al Congreso
Las más de 15.000 firmas reunidas reclaman políticas de salud pública que funcionen y no repitan los errores previos. La regulación del vapeo no es solo un asunto sanitario, sino una oportunidad para construir políticas más efectivas, basadas en evidencia.
En este sentido, desde la campaña Vapeo Responsable advierten que insistir en el enfoque prohibicionista agrava los problemas actuales. Los menores continuarán accediendo a los productos con facilidad y el mercado informal seguirá creciendo. Paralelamente, el Estado seguirá sin capacidad para controlar la calidad ni fiscalizar la venta.
Finalmente, la organización anunció que presentará las firmas en el Congreso la primera semana de noviembre. Será parte de una serie de encuentros con legisladores de distintos bloques políticos. Su objetivo es abrir un diálogo constructivo que permita reemplazar la prohibición por una regulación moderna, responsable y eficaz que proteja a los menores y brinde opciones seguras a los fumadores.
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