Alegó que las provincias deben mantener su autonomía y tienen derecho a decidir sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos. “Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados”, afirmó.
El Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, criticó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, afirmando que el país se encuentra frente a una “virtual intervención federal de dos provincias”. De Pedro también solicitó una justicia “independiente, transparente y al servicio de la sociedad” en lugar de una “de los poderes concentrados”.
En una rueda de prensa en Casa Rosada, junto con la Secretaria de Asuntos Políticos de Interior, Patricia García Blanco, De Pedro calificó la decisión de la Corte como “irresponsable” y afirmó que el tribunal “se arroga una competencia que no tiene”. El ministro explicó que se trata de “partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales”.
De Pedro enfatizó que “las provincias mantienen su autonomía” y tienen derecho a decidir sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos. Según el Ministro, la decisión de la Corte representa una “virtual intervención federal” en dos provincias y “arrasa las instituciones de la democracia”, generando incertidumbre y suspendiendo los derechos electorales de forma indefinida.
El funcionario también criticó la composición de la Corte, compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Mauricio Macri, violando las leyes argentinas. Además, De Pedro afirmó que la Corte avaló la persecución contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner.
Finalmente, el Ministro del Interior destacó que “Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados”. Según De Pedro, la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan no es una decisión contra un candidato u otro, sino que se trata de coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos.
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