Los empleados públicos deberán someterse a una evaluación para garantizar la eficiencia en el empleo público del Estado.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó la resolución 26. El mismo establece un reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en el empleo público nacional.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, señala que todos los empleados públicos que trabajen en estas zonas deberán someterse a la evaluación. La medida busca promover la transparencia, eficiencia y calidad en la gestión pública, además de reducir el sobredimensionamiento del Estado.
¿En qué consiste el examen?
Habrá tres niveles de dificultad según el puesto: profesional, administrativo y servicios generales, y las preguntas cubrirán temas de lógica, matemática y administración pública. El examen será presencial, anónimo y consistirá en entre 20 y 24 preguntas, con tres oportunidades para aprobar.
¿Quiénes deberán rendir la evaluación obligatoria?
Desde el gobierno aseguran que esta medida tiene como objetivo garantizar la idoneidad de los trabajadores y optimizar la administración pública. La primera fase de la evaluación tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
No estarán obligados a realizarlo los trabajadores de planta permanente, aquellos que residan fuera del AMBA o quienes tengan un certificado de discapacidad. La medida no se considera un filtro, sino un mecanismo para evaluar la eficiencia del personal, para construir un Estado más profesional.
El examen, destinado principalmente a los 40.000 empleados de planta transitoria que buscan renovar su contrato o a quienes nunca han trabajado en el sector público, será obligatorio. Aun así, un buen desempeño en la evaluación no conlleva que esa persona sea contratada automáticamente. La aprobación del examen, más bien, se exigirá como requisito de ingreso, similar a la verificación de antecedentes penales.
Finalmente, el Gobierno ha implementado un ajuste en la administración pública, con una reducción del 10,48% en la dotación de personal, según los últimos datos del INDEC. Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, se eliminaron 35.785 puestos, tanto en ministerios como en organismos descentralizados y en empresas del Estado.
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