En la jornada de ayer se comenzó a discutir en comisiones del Senado nacional el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en relación a la prevención y represión del lavado de activos.
La reunión convocó a los miembros de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, junto con representantes del Ministerio de Economía, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este marco, el presidente de la Comisión de Justicia y legislador oficialista Oscar Parrilli al dar inicio al encuentro, anunció que se trataba de una audiencia “informativa” y adelantó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá un dictamen”.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados en abril, se centra en modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La aprobación de esta iniciativa es considerada crucial para el Gobierno, ya que el próximo año se llevará a cabo una nueva revisión técnica por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y Argentina debe adecuar su legislación a las nuevas normas establecidas por esta entidad.
El titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, manifestó que “esta actualización busca cumplir con los estándares básicos establecidos por el GAFI, que ha fijado como fecha de inicio de la evaluación para Argentina el mes de septiembre”. “Esperamos que esta evaluación sea positiva”, señaló y añadió que “un resultado negativo tendría consecuencias desfavorables para nuestro país y para el sector financiero”.
En la misma línea se pronunció el titular de la UIF Juan Carlos Otero, al afirmar que el GAFI “evalúa a un país, no a un gobierno”, y aseguró que la evaluación comenzará en septiembre de este año y finalizará en octubre de 2024, con una visita en marzo del próximo año. “Una evaluación deficiente resultará en sanciones económicas y otras medidas restrictivas, como la reducción del acceso a los mercados internacionales, una disminución en la asistencia financiera y la posibilidad de que Argentina sea catalogada como un país de alto riesgo”, dijo.
Además, destacó que la aprobación de la Ley proporcionará a Argentina “mayores herramientas para combatir el crimen organizado y, en particular, el narcotráfico”.
Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que deben ser informadas a la UIF, incluyendo a los proveedores de servicios de activos virtuales, personas físicas o jurídicas que realizan la custodia y administración de efectivo o valores líquidos en nombre de terceros, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
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