La investigación por la muerte de Luna Zárate sumó un dato clave: forenses y médicos del Heca coincidieron en que el cuerpo de la joven atropellada correspondía a una mujer de alrededor de 25 años, lo que demoró la vinculación con la adolescente que era intensamente buscada.
La autopsia y las dudas sobre la identidad
En suplencia del fiscal regional Matías Merlo, el fiscal Patricio Saldutti explicó por qué el cuerpo sometido a una autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) no se vinculó de inmediato con Luna Zárate. Según detalló, los primeros informes forenses y las apreciaciones de los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) coincidían en que se trataba de una mujer que aparentaba unos 25 años.
Ese dato etario preliminar fue central para que la investigación, en un primer momento, no asociara el cuerpo hallado tras un siniestro vial con la adolescente que era buscada por su familia y cuya desaparición ya estaba denunciada. La diferencia entre la edad real de la niña y la estimación inicial de los especialistas generó una brecha de horas clave en la pesquisa.
Con el correr de las horas y ante la falta de novedades sobre el paradero de Luna, la Fiscalía ordenó profundizar las pericias y cruzar datos entre el IML, el Heca y las actuaciones policiales relacionadas con el hecho vial donde había fallecido una mujer sin identificar.
Contexto de violencia familiar bajo la lupa
Saldutti confirmó que el Ministerio Público de la Acusación investiga el contexto de violencia familiar en el que vivía la adolescente. Esa línea apunta a determinar si existieron situaciones previas de maltrato, amenazas o abandono que pudieran haber influido en los movimientos de la joven antes del hecho.
La pesquisa incluye la toma de testimonios a familiares, allegados y vecinos, así como el relevamiento de intervenciones previas de organismos de niñez, escuelas u otras instituciones. El objetivo es reconstruir el entorno cotidiano de la niña y establecer si hubo alertas que no fueron atendidas a tiempo.
En paralelo, se analiza la posible existencia de un entramado delictivo alrededor de la menor, que podría ir desde vínculos con adultos que la exponían a riesgos, hasta situaciones vinculadas a economías ilegales en su barrio. Los investigadores no descartan que ese contexto haya sido determinante en su vulnerabilidad.
Qué analizan los forenses en casos de siniestros viales
En siniestros viales graves, los equipos forenses trabajan sobre cuerpos que muchas veces presentan lesiones severas, lo que dificulta la identificación inmediata. La estimación de edad se realiza a partir de rasgos físicos, dentadura, estructura ósea y otros indicios, pero puede tener márgenes de error cuando hay traumatismos importantes.
En este caso, la coincidencia entre los médicos del Heca y los forenses del IML respecto a que la víctima aparentaba 25 años retrasó el enlace con la denuncia por la desaparición de una adolescente. Recién con estudios más profundos, el cruce de huellas y otros datos, se avanzó en la hipótesis de que se trataba de Luna.
Fuentes judiciales remarcan que el caso abre interrogantes sobre los protocolos de articulación entre hospitales, fuerzas de seguridad y Fiscalía, especialmente cuando hay reportes de personas desaparecidas menores de edad y víctimas sin identificar en hospitales o morgues de la región.
Próximos pasos en la causa
La causa se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. Además de los estudios forenses complementarios, se analizan cámaras de seguridad, la mecánica del siniestro vial y el rol de las personas que tuvieron contacto directo con la joven en los días previos a su muerte.
La Fiscalía busca determinar si hubo responsabilidades penales vinculadas no sólo al hecho vial, sino también a la eventual omisión de cuidados o a delitos cometidos en el marco del entramado familiar y social en el que vivía Luna. No se descarta la formulación de nuevas imputaciones una vez que se consoliden los informes técnicos.
El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, así como la coordinación entre áreas de niñez, salud, justicia y seguridad para evitar que señales de alarma queden desatendidas.
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