Organizaciones especializadas en justicia penal y delitos económicos intervinieron en el caso Libra. Reclamaron que la causa avance sobre el presidente Javier Milei por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
Las entidades que se presentaron como amicus curiae son el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas sostienen que la Justicia federal está habilitada para analizar la conducta del mandatario en el marco de la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra.
El expediente investiga posibles maniobras de engaño a ahorristas a través de la promoción de ese activo digital. Los amicus remarcan que, aun tratándose de un presidente en funciones, pueden evaluarse conflictos de interés y eventuales negociaciones incompatibles si se prueba que existió un beneficio privado asociado.
También plantean que el rol público de Javier Milei obliga a un estándar más alto de transparencia, especialmente cuando su participación previa en actividades de consultoría o promoción financiera queda bajo la lupa judicial.
Qué es el caso Libra y por qué complica al Presidente
El llamado caso Libra refiere a una presunta estafa basada en la oferta de una criptomoneda que prometía altos rendimientos y terminó en denuncias penales. En ese contexto, la intervención de Inecip y Cipce apunta a que se profundice la investigación sobre posibles responsabilidades políticas, además de las empresariales.
La decisión sobre si se avanza o no en la imputación de Javier Milei quedará en manos del juzgado y la Cámara federal interviniente, que deberán ponderar los argumentos de estos amicus y el alcance de los fueros presidenciales.
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