La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a presionar por la baja de la edad de imputabilidad y adelantó que el Gobierno buscará discutir en el Congreso un nuevo régimen penal juvenil, en línea con la agenda de seguridad que comparte con el presidente Javier Milei.
Imagen: Ámbito
En declaraciones recientes, Bullrich afirmó que, “sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, retomando una de sus banderas históricas: endurecer el sistema penal para los menores que cometen delitos graves. La funcionaria confirmó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil será incorporado al temario de sesiones extraordinarias de febrero.
El Gobierno nacional busca reemplazar la ley vigente desde 1980, que fija la edad de imputabilidad en 16 años, por un esquema que reduzca ese umbral. La propuesta del Ministerio de Seguridad apunta a que los adolescentes a partir de los 14 años puedan responder penalmente por delitos determinados, en especial aquellos calificados como graves o violentos.
Según adelantaron fuentes oficiales, el borrador que se trabaja junto al Ministerio de Justicia incluye un catálogo de delitos alcanzados, criterios de graduación de penas y la incorporación de instancias específicas de acompañamiento y reinserción social, aunque los detalles finos todavía se negocian dentro de la coalición gobernante.
Mensaje político al Congreso y discusión abierta
Bullrich envió un mensaje directo a las distintas fuerzas políticas al pedir que “cada bloque diga claramente de qué lado está” cuando el proyecto llegue al recinto. La funcionaria pretende que el debate no se limite a una discusión técnica, sino que exponga las posiciones de oficialismo y oposición frente al aumento del delito juvenil.
En la Casa Rosada consideran que la seguridad es uno de los temas donde el Gobierno puede sostener mayor apoyo social, en un contexto económico complejo. Por eso, el tratamiento del Régimen Penal Juvenil se perfila como una pieza clave de la agenda legislativa de verano, junto con otras iniciativas penales y de reforma del Estado.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad no resuelve por sí sola la problemática de la violencia urbana. Plantean que podrían incrementarse los niveles de encarcelamiento adolescente sin atender las causas estructurales que empujan a muchos jóvenes al delito.
Contexto: estadísticas y reclamos por prevención
Informes oficiales y de organismos internacionales vienen señalando que, si bien los menores representan un porcentaje menor del total de delitos, su participación es más visible en hechos violentos que ganan alta exposición mediática. Esto alimenta la demanda social de mayor presencia del Estado y respuestas más rápidas frente a crímenes que involucran adolescentes.
Especialistas en política criminal subrayan que los países que reformaron sus regímenes juveniles combinaron sanciones con políticas de prevención, educación, tratamiento de adicciones y oportunidades laborales. En Argentina, el desafío será equilibrar el reclamo de castigo con un enfoque integral que evite que los jóvenes queden atrapados en un circuito de violencia y reincidencia.
El debate en el Congreso pondrá en juego cuál será el modelo de responsabilidad penal juvenil para las próximas décadas: uno centrado casi exclusivamente en el endurecimiento de penas o un esquema que, además de sancionar, apueste por la inclusión y la reducción real del delito.
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