Patricia Bullrich se reunió con la mamá de Jeremías Monzón y volvió a poner en el centro del debate la baja de la edad de imputabilidad para menores acusados de delitos graves.
Imagen: Rosario3
En medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón, la senadora libertaria y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich mantuvo un encuentro con la mamá del joven asesinado y aprovechó la reunión para insistir con la necesidad de modificar el régimen penal juvenil en la Argentina.
Según trascendió, Bullrich prometió que la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves será ley en el “corto plazo”. El planteo apunta a endurecer las penas para los adolescentes que participen en homicidios, robos calificados y otros hechos violentos, en un contexto de fuerte reclamo social por la inseguridad.
El caso Jeremías y el reclamo de la familia
Jeremías Monzón fue asesinado en un hecho que generó indignación y marchas en distintas ciudades del país. Su familia denuncia que el crimen exhibe las falencias del sistema penal cuando hay menores involucrados y reclama que nadie pueda “volver a su casa como si no hubiera pasado nada” tras un homicidio.
En la reunión, la mamá de Jeremías pidió que el caso no quede impune y que el Congreso avance con una ley que contemple penas más duras para adolescentes que cometan delitos violentos. El entorno de Bullrich asegura que la senadora se comprometió a seguir el expediente y a trasladar el reclamo a sus pares.
¿Qué dice hoy la ley y qué propone Bullrich?
Actualmente, la edad de imputabilidad en la Argentina está fijada en 16 años para la mayoría de los delitos. Los menores de esa edad no pueden ser juzgados como adultos ni recibir penas de prisión, aunque sí pueden quedar bajo medidas excepcionales de protección o resguardo.
Desde hace años se discuten proyectos para reformar el régimen penal juvenil, pero ninguno logró prosperar. Bullrich y otros sectores del oficialismo y la oposición plantean bajar la edad a 14 o incluso 13 años en casos de homicidio, robos agravados y participación en bandas criminales.
Entre los ejes que se analizan aparecen:
- Definir una edad mínima para imputar delitos graves.
- Crear un sistema de penas diferenciadas para adolescentes.
- Fortalecer los programas de reinserción social y educativa.
- Mejorar la coordinación entre Justicia de Menores y organismos de niñez.
Un debate sensible y con miradas enfrentadas
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad por sí sola no resuelve el problema de fondo y reclaman políticas integrales de prevención, educación y contención para adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Desde el otro lado, sectores vinculados a víctimas de delitos piden respuestas más rápidas y efectivas, señalan la participación de menores en hechos violentos y reclaman que el Estado garantice consecuencias claras ante homicidios y ataques armados.
En este escenario, el caso de Jeremías se convirtió en un símbolo de esa tensión entre la necesidad de proteger a los chicos y, al mismo tiempo, dar respuesta al reclamo social de seguridad y justicia. Bullrich busca capitalizar ese clima para acelerar una reforma que, promete, llegará al Congreso en los próximos meses.
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