La justicia confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni por presunto desvío de fondos de planes sociales hacia fines partidarios.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la resolución que procesó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 14 acusados. Esto ocurrió en el marco de en una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos provenientes de programas sociales.
El tribunal rechazó las apelaciones de los imputados y afirmó que no se cumplían los requisitos legales para modificar la decisión anterior. Así, dejó a los involucrados a las puertas del juicio oral.
La acusación a Belliboni y los cargos en su contra
De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían solicitado contribuciones económicas y participación en manifestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Esto era una especie de condición tácita para acceder a los planes sociales, de la que todos sabían, pero nadie hablaba.
Estos actos fueron considerados como extorsión y coacción por parte de la justicia. Asimismo, se sostuvo que las organizaciones gestionaban las actividades en circunstancias alejadas de los lineamientos establecidos oficialmente. Consecuentemente, priorizaban objetivos políticos por encima de los fines sociales.
El avance de la investigación
La investigación comenzó el 20 de diciembre de 2023, después de la habilitación de un canal de denuncias anónimas en el marco de las movilizaciones contra Javier Milei. El fiscal Gerardo Pollicita centró su pesquisa en 45 denuncias provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las cuales fueron corroboradas por testigos. Las pruebas incluyen mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones que revelarían directrices coercitivas para asistir a protestas o cumplir con otros requisitos de carácter político.
El fallo también destacó irregularidades en las elecciones PASO de 2023, en las que se habría forzado a votar por candidatos del Polo Obrero, solicitando pruebas fotográficas del sufragio. Además, se investiga un posible caso de lavado de dinero relacionado con facturas falsas encontradas durante los allanamientos.
Con estos elementos, la Cámara Federal aumentó las imputaciones originales. La resolución demostraría uso inapropiado de recursos destinados a la inclusión social con fines partidarios y personales. Esto refuerza las sospechas de que las acciones formaban parte de una estructura organizada de manipulación y coacción.
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