La Justicia federal avanzó con un paso inusual en la política exterior argentina: pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para que declare en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El juez federal Sebastián Ramos envió un exhorto internacional a Washington para solicitar la extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro. La medida busca que el mandatario pueda ser indagado en una investigación que analiza denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Un pedido inusual en el vínculo bilateral
Según trascendió en ámbitos judiciales, el exhorto fue remitido este miércoles a las autoridades estadounidenses, en el marco de un expediente que se nutre de informes de organismos internacionales de derechos humanos y testimonios de víctimas de la represión en Venezuela. El planteo coloca a la Argentina en una posición singular dentro de la región.
Los crímenes de lesa humanidad son considerados imprescriptibles y pueden ser investigados por otros Estados bajo el principio de jurisdicción universal, cuando se trata de violaciones graves y sistemáticas. Sobre esa base jurídica se apoya el requerimiento de la Justicia local.
El rol de la Justicia argentina en causas de derechos humanos
Argentina tiene una trayectoria reconocida en materia de investigación de delitos de lesa humanidad, especialmente por los juicios vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. En los últimos años, distintos organismos y organizaciones reclamaron que esa experiencia se proyecte hacia violaciones cometidas en otros países.
En el caso de Venezuela, informes de la ONU y de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch describieron patrones de represión, persecución política y uso excesivo de la fuerza, así como detenciones arbitrarias y denuncias de torturas. Estas evidencias son parte del andamiaje que sostiene la causa abierta en tribunales argentinos.
Qué puede pasar con el pedido de extradición
El exhorto de Ramos es un paso procesal que deberá atravesar filtros diplomáticos y judiciales en Estados Unidos. Para que prospere, Washington debería aceptar tramitar el pedido y, luego, la Justicia de ese país evaluar si se cumplen las condiciones legales para la extradición de un jefe de Estado extranjero.
Fuentes del ámbito jurídico señalan que, aun cuando la extradición no avance, el pedido argentino puede incrementar la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y reforzar las discusiones en foros multilaterales sobre la situación en Venezuela. También podría abrir la puerta a nuevas presentaciones de víctimas en tribunales extranjeros.
El movimiento de la Justicia federal se suma a las actuaciones que ya lleva adelante la Corte Penal Internacional, que analiza presuntos crímenes cometidos desde 2014 en el marco de protestas y operativos de seguridad en Venezuela. La articulación entre esos expedientes será clave en los próximos meses.
Mientras tanto, en el plano político, el pedido de extradición promete reavivar el debate interno sobre la política exterior argentina hacia Caracas y el alcance del principio de no intervención frente a violaciones graves de derechos humanos.
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