Pese a la contundente mayoría con la que se aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario, Milei ya anticipó que bloqueará la iniciativa para proteger el superávit fiscal.
El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, sumando una nueva victoria para la oposición que logró reunir 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Sin embargo, el Gobierno ya adelantó que vetará la norma con el objetivo de no poner en riesgo el superávit fiscal, una postura similar a la que ya tomó con la reforma jubilatoria.
El proyecto, impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR), tiene como fin garantizar el correcto funcionamiento de las universidades nacionales y contempla un aumento en los fondos destinados a estos establecimientos, incluyendo incrementos salariales para docentes y no docentes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendrá un impacto de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Opiniones
Durante el debate, el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro criticó duramente la postura del Gobierno, acusándolo de intentar “destruir” el sistema universitario. “Este proyecto define si financiamos la educación pública o dejamos a millones de jóvenes sin futuro”, declaró.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, defendió la posición del Ejecutivo. Argumentó que ya se destinó un aumento del 270% en recursos para las universidades y cuestionó la falta de un plan concreto por parte de la oposición para financiar el incremento propuesto. “El déficit cero no se negocia”, sentenció Olivera, alineándose con la postura del presidente Javier Milei, quien insiste en mantener el equilibrio fiscal a toda costa.
Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto también establece que las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades se ajusten cada dos meses según la inflación. Además, desde enero de 2024 hasta diciembre del mismo año, los salarios de docentes y no docentes serían actualizados mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, a menos que se llegue a un acuerdo con las autoridades universitarias.
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